SIMAPRO, el evento profesional de referencia del inmobiliario español, que se celebra en paralelo a SIMA, arrancó ayer con una mesa redonda dedicada a analizar el estado de la colaboración público-privada en el desarrollo de actuaciones urbanísticas. En esta primera mesa han participado como ponentes Mariano Fuentes, Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano en el Ayto. de Madrid, José María García Gómez, Director General de Vivienda y Rehabilitación en la CAM, y Francisco García Palmero, Director de Relaciones Instituciones en SEPES. La moderación ha corrido a cargo de Francisco Javier Pérez, Consejero Delegado de Culmia.
Previamente a esta primera mesa redonda ha habido un breve acto de presentación con la intervención de Juan Fernández-Aceytuno (Consejero Delegado de ST Sociedad de Tasación), Juan Antonio Gómez-Pintado (CEO de Vía Ágora y Presidente de ASPRIMA), Antonio González-Noaín (Presidente de PLANNER EXHIBITIONS) y David Lucas (Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda en el MITMA).
6.800 millones para el sector
David Lucas ha afirmado que se está trabajando en una ley de calidad de la arquitectura y en una ley de seguridad jurídica en el desarrollo urbanístico. Además, ha dicho que el Gobierno considera al sector inmobiliario “un elemento fundamental de recuperación económica”. El Secretario General de Vivienda del Ministerio también ha asegurado que una buena parte de los fondos europeos (6.800 millones de euros) irán a parar a la rehabilitación de viviendas y a la regeneración urbana, con el objetivo planteado sobre 510.000 viviendas. David Lucas ha concluido su intervención afirmando que su departamento continúa avanzando en el Plan de Viviendas para Alquiler Asequible y ha anunciado que, gracias a los fondos europeos, se ha incrementado hasta 100.000 viviendas el objetivo de desarrollar un verdadero parque público.
Por su parte, Juan Fernández-Aceytuno ha advertido que «el ecopostureo no funciona, y menos con Europa”. En su opinión, hay que ser capaz de “justificarlos” para acceder a los fondos europeos. Fernández-Aceytuno también ha afirmado que en la Comunidad de Madrid hay ahora mismo stock de vivienda «para 5,9 meses si se mantienen los ritmos de venta» y ha insistido en que “uno de los retos de esta generación es ligar el acceso a la vivienda con la sostenibilidad”.
Juan Antonio Gómez-Pintado ha dicho que, ni siquiera en los peores momentos de la pandemia, el sector perdió la esperanza y ha afirmado que “sigue habiendo interés en nuestro país por parte de los extranjeros”. También ha pedido que en el debate político «no sólo se contemple la vivienda en alquiler, denostando la vivienda en compra”, porque hay demanda y de ello depende el sector inmobiliario.
Por último, Antonio González-Noaín ha expuesto que “esta edición de SIMA 2021 tiene un carácter especial porque es un paso a la normalidad, tras más de un año de distanciamiento» y ha deseado que este SIMA 2021 sea «un reflejo de la recuperación de la demanda”.
El foco puesto en la colaboración publico-privada
El estado de la cuestión de la colaboración público-privada, su necesidad y la implementación de nuevos modelos que optimicen esta colaboración ha centrado las reflexiones del primer panel de SIMAPRO. Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha sostenido que “el gran reto es que el sector privado se quede a gestionar la vivienda pública, no sólo la construya. Que construir para alquilar a largo plazo se convierta en un modelo de negocio para las inmobiliarias”.
Por su parte, Francisco García Palmero ha creído necesario «mejorar el marco regulatorio, adaptando los procesos urbanísticos para agilizar los trámites conjugando eficiencia y sostenibilidad” para que la colaboración público-privada mejore el acceso a la vivienda en alquiler asequible a las familias más desfavorecidas en zonas especialmente tensionadas. José María García Gómez ha puesto el foco en la urgencia de facilitar el acceso a su primera vivienda a los jóvenes y otros grupos desfavorecidos, al afirmar que lo deseable sería poner en el mercado 15.000 viviendas en alquiler con colaboración público-privada.
Mariano Fuentes ha dicho que uno de sus objetivos a la hora de hacerse cargo de este departamento fue “restablecer la confianza y los lazos destruidos» entre las empresas privadas y esta administración pública, mientras que Francisco Javier Pérez, consejero delegado de Culmia, pide a las administraciones “facilitar la industrialización de la vivienda” sin que estas pierdan en calidad, para poder construir un parque residencial de vivienda en alquiler asequible.
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