Más de la mitad de los arrendadores españoles (60%) opinan que el intervencionismo del Estado en los alquileres privados frenaría el aumento de la oferta de viviendas de alquiler y creen que éste sólo debería intervenir en el mercado de los alquileres públicos. Así lo reflejan los datos del informe “Radiografía del arrendador en España. ¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?”, realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). La intención es analizar la visión de los propietarios respecto al papel del Estado en el mercado de los alquileres privados y estudiar el grado de aceptación entre este colectivo de las medidas intervencionistas por parte de las administraciones.
“Los pequeños propietarios son los que tienen la mayoría de la vivienda en alquiler en nuestro país y, gracias a ellos, se ha podido crear un amplio parque de vivienda privada que contribuye y posibilita el acceso a la vivienda. Por ello, la Administración debe contribuir a la creación de un clima que genere confianza y fomente la estabilidad para favorecer a arrendadores e inquilinos de manera equitativa” explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.
“La Ley de Vivienda que está preparando el Gobierno, si quiere ser justa y equitativa, tiene que incorporar necesariamente las opiniones de los propietarios particulares recogidas en este amplio estudio. Estos propietarios, que representan a más del 85% de los arrendadores en España, ofrecen algunas vías de solución para mejorar el acceso al alquiler: como incrementar el gasto social y el parque público de viviendas, incentivar y no penalizar y aumentar las fórmulas de colaboración público-privadas”, señala José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA)
Entre los argumentos para rechazar el intervencionismo del Estado, el informe concluye que el 40% de los arrendadores defiende que la actuación de las administraciones fomenta que se mantengan los precios altos. Sin embargo, aunque los propietarios se muestran, en general, contrarios al papel intervencionista del Estado, estarían dispuestos a aceptar medidas intervencionistas para bajar el precio de los alquileres siempre y cuando éstas reviertan en algún tipo de compensación para ellos, ya sea teniendo mayor apoyo de las instituciones públicas ante un impago, pudiendo consultar antecedentes de morosidad de los demandantes, teniendo la oportunidad de exigir más garantías a los inquilinos o disponiendo de una mejor fiscalidad.
El informe concluye que un 75% de los propietarios aceptaría medidas intervencionistas si, a cambio, se agilizasen notablemente los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible. En este sentido, más de seis de cada diez propietarios consideran que una reducción en el plazo de los desahucios en caso de un impago de la renta aumentaría la oferta de viviendas en alquiler porque daría mayor seguridad jurídica a los arrendadores. En la misma línea, más del 70% estaría dispuesto a apoyar dichas medidas si pudiera consultar los antecedentes de morosidad en bases de datos oficiales o si se pudieran aumentar las garantías que se exigen a los inquilinos. Por otra parte, el 67% de los propietarios aceptaría este tipo de medidas a cambio de una mejora en la fiscalidad de los arrendadores.
Política intervencionista de congelación de rentas
Respecto a la congelación de las rentas durante cinco años, el 66% de los propietarios apoyaría esta medida siempre que el propietario pudiese recuperar la posesión de su vivienda en un plazo de dos meses, cuando exista impago. Asimismo, el 53% sería favorable siempre a que el propietario pudiera consultar antecedentes de impagos en bases de datos oficiales, y más de la mitad de los propietarios estarían de acuerdo con esta medida siempre que fuera posible aumentar la garantía solicitada al inquilino.
No obstante, a pesar de que gran parte de los propietarios estarían dispuestos a apoyar la congelación de rentas si se pudieran exigir más garantías a los inquilinos o consultar los antecedentes de impago, un 42% admite que la intervención del Estado a través de la congelación de rentas durante cinco años haría bajar el precio de los alquileres.
El Decreto-ley para suspender los desahucios es visto de forma negativa
El Decreto-ley 37/2020 para suspender el procedimiento de desahucio durante el Estado de Alarma producido por la pandemia ha sido visto de manera negativa por la mayoría de los propietarios españoles. Según el 68% de los propietarios, este Decreto-ley va a provocar una gran inseguridad a los inversores y es visto como un ataque a la propiedad privada y una incentivación a la ocupación (65%). De hecho, una gran mayoría (69%) ve el Decreto-ley como el resultado de la incapacidad de las instituciones públicas para proporcionar vivienda social a las personas vulnerables.
En consecuencia, más del 60% considera que medidas como esta aumentan la inseguridad jurídica que está provocando el intervencionismo en materia de alquiler y la mayoría piensa que el decreto facilita la usurpación de bienes inmuebles. Además, más de 6 de cada 10 propietarios opinan que es un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal que genera graves problemas sociales y económicos.
Legislación actual y medidas para bajar los alquileres
Respecto al precio de los alquileres, un 62% de los propietarios considera que los precios son altos o muy altos. En cuanto a la legislación actual, la mayoría de los propietarios coinciden en que medidas como exigir a los inquilinos garantías y avales por dos meses de renta o actualizar anualmente con el IPC son insuficientes (62% y 57%, respectivamente).
Asimismo, una de las principales preocupaciones de los propietarios es la posibilidad de impago del inquilino. Según el 78%, agilizar el plazo de los desahucios por impagos de renta contribuiría a bajar el precio de los alquileres. Otra medida que los propietarios verían con buenos ojos es que se aumentara la oferta pública de alquiler (67%). Las medidas más intervencionistas, en cambio, generan una mayor desconfianza.
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