El Gobierno ha aprobado el reparto de los más de 1.600 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se destinarán a la rehabilitación de viviendas y edificios públicos a través de las distintas comunidades autónomas. Ayudas que serán reguladas a través del Proyecto de Real Decreto presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), en cuyo proceso de participación pública ha colaborado la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat).
Entre las alegaciones que ha realizado la Asociación a este texto, destaca la ausencia de “una referencia explícita al concepto de ‘Energy efficiency first’ -Lo primero, la eficiencia energética- impulsado en todas las políticas de la UE y nacionales, atendiendo al principio básico de que no existe una energía más limpia ni más económica que aquella que no se utiliza”.
Para Luis Mateo, director general de Andimat, “lo prioritario debe ser reducir las necesidades energéticas del edificio al mínimo posible, de manera que no tenga que consumir energía alguna, algo determinante para reducir la pobreza energética”. Sin embargo, el proyecto de Real Decreto no incluye la limitación de la demanda energética en los criterios de acceso a las ayudas, un indicador relevante que sí se tiene en cuenta tanto en los programas de la Unión Europea como en la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética (ERESSE) enviada por España a Europa.
“Lo lógico sería vincular las ayudas del proyecto del Real Decreto a reducir el consumo de energía primaria total, no sólo a la energía primaria no renovable«, continúa Luis Mateo.
Informe de control y verificación
La justificación de las actuaciones realizadas en base a los ahorros energéticos obtenidos es una exigencia para la concesión de las ayudas que viene de Europa. Sin embargo, según Andimat, el proyecto de Real Decreto deja a la libertad del beneficiario la aportación de un informe por parte de un auditor.
“Consideramos que el texto debe incluir de forma explícita la necesaria emisión de un informe de control y verificación realizado por una tercera parte independiente que acredite el cumplimiento de las actuaciones objeto de las ayudas en cuanto a la reducción de la demanda y del consumo de energía”, piensa Luis Mateo. “Aunque algunas Comunidades Autónomas ya tienen procedimientos para ello, no estaría de más generalizarlo desde este Real Decreto en aras de la calidad arquitectónica y, sobre todo, como garantía al ciudadano«. Así, el directivo considera que se garantizaría que los resultados a nivel de ahorro de energía sean los esperados para el proyecto, lo que evitaría problemas con la UE a la hora de presentarle la justificación de los programas.
Pago de las ayudas
Por último, Andimat sugiere en las alegaciones que se establezca un plazo de un mes para el pago de las ayudas, que no se fija en el texto, ya que “puede generar desconfianza tanto para los ciudadanos como para el sector de la rehabilitación habida cuenta de experiencias pasadas con programas similares”.
“Los retrasos en los pagos de las subvenciones ocasionan que las empresas rehabilitadoras terminen actuando como financiadoras de las obras, planteando problemas para las comunidades de propietarios, lo que perjudica a los programas”, dice Luis Mateo. “Nuestra experiencia como entidad que ha gestionado Planes Renove nos indica que uno de los aciertos fue el pago de la ayuda en dos semanas, una vez comprobados todos los requisitos técnicos y administrativos del programa”, finaliza el director general de Andimat.
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