La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha presentado el Plan Ecovivienda, por el que ejecutará 373 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea para actuar en 33.000 viviendas en Andalucía, tanto para rehabilitación del parque residencial como para construcción. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha calificado de «histórica» la inversión, que beneficiará a 100.000 andaluces, generará 24.000 empleos directos en el sector y reducirá las emisiones de CO2 a la atmósfera en 100.000 toneladas, el equivalente al que emiten 45.454 coches.
Andalucía recibirá, por una parte, 200 millones para el programa de rehabilitación, con el que se mejorarán 29.210 inmuebles. Esta inversión se reparte en cinco bloques. En primer lugar, un programa de ayudas a la rehabilitación de barrios dirigido a los ayuntamientos para viviendas públicas o privadas, con 60 millones de euros. También se recogen 6,4 millones de euros para la creación de oficinas de rehabilitación que actuarán como ventanillas únicas para facilitar la tramitación de las subvenciones con la colaboración de colegios profesionales. Asimismo, se elaborará un libro del edificio para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, con 7,5 millones.
Marifrán Carazo ha hecho especial hincapié en la ejecución de dos líneas que tienen como objetivo rehabilitar y mejorar la eficiencia energética de las viviendas en, al menos, un 30% y, con ello, reducir las emisiones en el parque residencial, que es el responsable del 13% de las emisiones de CO2 en Andalucía: el programa de rehabilitación de edificios y viviendas, con 74 millones de euros, y el programa de mejora de la eficiencia energética en viviendas, con 52 millones.
Con estas partidas, se ayudará a las familias a mejorar el aislamiento en fachadas y cubiertas, instalar sistemas de energías renovables como placas fotovoltaicas, placas solares para agua caliente, aerotermia o calderas de biomasa, y cambiar ventanas o sistemas de iluminación. Además, las subvenciones cubren obras de conservación y accesibilidad. Este plan se enmarca dentro de la Revolución Verde puesta en marcha por el Gobierno andaluz para que las políticas de sostenibilidad lleguen a miles de viviendas andaluzas. Con estas medidas, además, las familias podrán ver reducida su factura de la luz en un 50%.
«Este plan va a hacer posible que esa Revolución Verde puesta en marcha por el nuevo Gobierno andaluz llegue a miles de viviendas andaluzas«, ha manifestado la consejera de Fomento, que ha añadido que las familias podrán ver reducida su factura de la luz en un 50% con estas medidas, lo que supone «una gran noticia en plena crisis y con el aumento desproporcionado y descontrolado del precio de la luz.
Para agilizar la concesión de las ayudas ya están tramitándose las convocatorias para que los andaluces puedan solicitarlas a partir de esta primavera. La Consejería de Fomento contará para ello con aplicaciones informáticas que simplificarán la tramitación ‘online’, además de las ya mencionadas oficinas de rehabilitación, que actuarán como ventanillas únicas, para atender a todos los solicitantes.
3.000 nuevas viviendas
Además, el Plan Ecovivienda contará con una partida de 173 millones de euros de los Next Generation que permitirá la construcción de otras 3.000 viviendas sobre suelos de titularidad pública. Estas viviendas en alquiler a precio asequible se sumarán a las otras 3.000 que la Junta de Andalucía ya ha promovido en esta legislatura gracias al programa de Fomento del Alquiler, con 80 millones de euros en subvenciones para promotores públicos y privados para viviendas con precios de 200 a 400 euros al mes. De hecho, el Consejo de Gobierno ha autorizado también una subvención de casi cinco millones de euros para la construcción de 234 viviendas en el Parque Nueva Granada de la capital, donde esta misma empresa levantará otro bloque con 122 pisos gracias a este programa del Plan Vive en Andalucía.
«Todas estas actuaciones son fruto de las políticas del nuevo Gobierno andaluz, que ha roto con los años de gobierno socialista en los que no se levantaban VPO nuevas pese a la demanda que existía y a los altos precios del mercado«, ha manifestado Marifrán Carazo, que ha indicado que ahora Andalucía apuesta por aumentar la oferta para frenar los precios y por reactivar el sector de la construcción, importante motor de creación de empleo.
En paralelo, se ha realizado un esfuerzo inversor en la rehabilitación de viviendas, con 118 millones de euros en 13.700 hogares.
Todas estas inversiones forman parte de la línea de trabajo recogida en el Plan Vive en Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 2020-2030. El Consejo de Gobierno ha aprobado la introducción de varios cambios en el plan, como el aumento de la participación de los ayuntamientos en la Comisión de Seguimiento y Participación del Plan (de uno a dos vocales) o la modificación del número de veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) que determina los ingresos familiares máximos para el acceso a las viviendas protegidas de régimen especial, que pasa de 2,5 a 3 veces para que «puedan acceder a estas viviendas un mayor número de familias».
Marifrán Carazo también ha informado de otra modificación que contribuirá a la lucha contra la ocupación ilegal: se establece como requisito para acceder a una VPO que las futuras personas beneficiarias no hayan sido condenadas o sancionadas por ocupaciones ilegales de viviendas, ni en la vía penal ni en la civil o la administrativa. Sólo se prevén excepciones para familias en circunstancias de vulnerabilidad avaladas por los servicios sociales. La consejera ha señalado que «esta medida tendrá un efecto disuasorio y se reducirán las ocupaciones en la comunidad, donde ya se han puesto en marcha medidas para atender a los afectados dentro de nuestras limitadas competencias«.
«La ocupación ilegal es un problema social que ha crecido en los últimos años y eso ha motivado la preocupación no solo para las personas propietarias de viviendas que pudieran ser víctimas de una ocupación, sino también de la ciudadanía en general por los problemas de convivencia que genera«, ha indicado la consejera, que ha aportado los últimos datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). Los juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas se incrementaron en un 29% hasta el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2019.
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