Entrevista a Carolina Roca, Directora General de Grupo Inmobiliario Roca y Vicepresidenta de ASPRIMA

El Grupo Inmobiliario Roca lleva más de 50 años apostando y haciendo realidad viviendas de calidad a precios asequibles, en su inmensa mayoría viviendas de protección pública. Actualmente, las sociedades del grupo son gestionadas por la tercera generación de propietarios, un verdadero hito si ponemos sobre la mesa que la mayoría de las empresas familiares no pasan de la segunda generación. Precisamente, hemos tenido la oportunidad de hablar con Carolina Roca, Directora General del Grupo Inmobiliario Roca y también Vicepresidenta de ASPRIMA. Con su trayectoria y la amplia experiencia que le abalan en el sector, Carolina Roca nos cuenta su percepción del estado actual del mercado residencial español, apuntando fórmulas para la consecución de la vivienda asequible y realizando un análisis de las leyes de suelo y vivienda actuales.

Pregunta: Carolina, ¿qué valores ha llevado a Grupo Inmobiliario Roca a conseguir esta dilatada trayectoria?

Carolina Roca: Esta dilatada trayectoria, que es difícil de conseguir en un negocio tan cíclico, está precisamente en un planteamiento de estrategia anticíclica. Nuestra producción y facturación es muy constante y estable, independientemente del momento del ciclo en que nos encontremos. Cuatro son las claves que viabilizan nuestro modelo de negocio:

Somos una empresa familiar en la que los tres hermanos propietarios estamos en la gestión, lo que permite fijar objetivos más largoplacistas.
Máxima prudencia en la financiación, respetando siempre la regla de oro impuesta por mi padre: el suelo lo compramos con recursos propios.
Nuestro producto es siempre vivienda a precio asequible: fijamos los precios de venta analizando las rentas medias de la localidad donde promovemos, considerando un esfuerzo máximo del 35%
Control riguroso de los costes de todo el proceso productivo: coste del suelo, integración de todo el proceso, como promotora y constructora y optimización de la dimensión de nuestra estructura.

P.: Actualmente están presentes en cuatro Comunidades Autónomas: Aragón, C. Valenciana, Cataluña y C. Madrid. ¿Qué volumen de viviendas están promoviendo en estos momentos?

C.R.: En este primer semestre del año hemos entregado una promoción de 56 viviendas en Madrid capital y otra de 33 viviendas en la ciudad de Castellón. Tenemos prevista la entrega de una promoción de 74 vivienda en Alcalá de Henares para el segundo semestre. Además, tenemos tres promociones en curso en Valdemoro, en Zaragoza y en El Escorial. Un total de 417 viviendas.

«La demanda de vivienda de obra nueva evoluciona de forma más favorable de lo que esperábamos»

P.: Si tuviera que elegir una frase que definiera a las viviendas ejecutadas hasta el momento por el Grupo Roca, ¿cuál sería?

C.R.: Viviendas a precio asequible para satisfacer la demanda de primer acceso a vivienda de jóvenes y familias de rentas medias, con una elevada calidad arquitectónica y con los máximos estándares de eficiencia energética.

P.: ¿Cómo está evolucionando la demanda de vivienda de obra nueva en estos momentos?

C.R.: A pesar de la crisis económica y la caída del PIB generada por la pandemia, la demanda de vivienda de obra nueva evoluciona de forma más favorable de lo que esperábamos. Las viviendas que teníamos en curso se han ido entregando con normalidad, sin apenas rescisiones de contratos y las nuevas promociones que se han ido lanzando tienen un ritmo de ventas muy sostenido.

P.: Esto nos lleva, a adentrarnos en otra de sus facetas, la de Vicepresidenta de ASPRIMA y Presidenta de su Comisión. Así que, le preguntamos: ¿cómo ve usted la colaboración público-privada en estos momentos? ¿Qué aspectos habría que reforzar y desarrollar más activamente?

C.R.: Nuestras políticas de vivienda nunca han contado con dotaciones presupuestarias (ni de los PGE ni de los autonómicos) para la promoción o construcción de un parque de vivienda público. Por ello, la promoción de vivienda social en nuestro país, siempre se ha llevado a cabo mediante colaboración público- privada. Las Administraciones crean un marco jurídico- económico para atraer la inversión privada que desarrolle vivienda asequible sobre los suelos calificados con algún régimen de protección (VPO). Esta colaboración público- privada funcionó durante más de 40 años, promoviéndose una media de 75.000 viviendas protegidas al año a nivel nacional.

Sin embargo, durante esta última década se decidió erradicar esas políticas de vivienda, sin instrumentar una nueva forma de promover vivienda social. Esto ha provocado que apenas lleguemos a las 5.000 viviendas sociales promovidas al año en todo el territorio nacional. Desde Asprima hemos insistido mucho en la necesidad de recuperar esa colaboración público-privada y por fin parece que todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de ello. Sin embargo, esa voluntad de colaboración con la iniciativa privada tiene un lastre ideológico muy importante (incluso en partidos políticos más liberales): no admite que las viviendas sociales resultantes sean de titularidad privada. Deben ser patrimonio público. Esto obliga a que las pocas fórmulas de colaboración planteadas hasta la fecha (Plan Vive de la Comunidad de Madrid o el Plan de Colau en Barcelona), sean la concesión administrativa o el derecho de superficie.

Bajo estas fórmulas es mucho más complicado viabilizar la inversión para la iniciativa privada, habiendo muy poca concurrencia. Políticas de vivienda más liberales, donde lo social no estaba reñido con la iniciativa privada (sino todo lo contrario), atraían la inversión privada y posibilitaban el cumplimiento de los objetivos de las políticas de vivienda. Deberíamos volver a las fórmulas de Concursos Públicos para la enajenación de suelos destinados a la promoción de vivienda protegida. Sería importante que todas las Administraciones le dieran máxima prioridad a poner en carga y desbloquear todo su suelo destinado a vivienda social, convocando en el corto plazo esos Concursos. Ninguna Administración debería tener “en barbecho” un solo m2 de suelo destinado a vivienda social.

«Deberíamos volver a las fórmulas de Concursos Públicos para la enajenación de suelos destinados a la promoción de vivienda protegida»

P.: La mayor parte de la vivienda de protección en España ha sido desarrollada y ejecutada por la iniciativa privada, favoreciendo así la adquisición en propiedad de viviendas con altos estándares de calidad. ¿Cuáles han sido los factores para que se haya producido un estancamiento o abandono de este modelo?

C.R.: Durante esos 40 años en que funcionaron nuestras políticas de vivienda, el 85% de las viviendas sociales se promovían por el sector privado (por promotores o en régimen de cooperativa). Prácticamente todos los promotores, incluso aquellos más focalizados en la vivienda de alto standing, tenían una línea de negocio de producción de vivienda protegida. Sin embargo, actualmente el Ayuntamiento de Madrid “saca pecho” diciendo que es el mayor promotor de vivienda protegida a nivel nacional, habiendo entregado más de 1.000 viviendas en 2020, que supone un 25% del total de vivienda protegida nacional. Pero objetivamente, no es que el Ayunto de Madrid haya incrementado enormemente su dotación presupuestaria a la EMVS para la promoción de vivienda social, sino que como la iniciativa privada ha abandonado esta línea de negocio, la EMVS ha pasado a ser la mayor promotora de vivienda protegida.

P.: Ahora todo el mundo habla de la vivienda asequible en alquiler como solución al problema de emancipación de los jóvenes, pero ¿cree usted que es la verdadera solución?

C.R.: Sin duda, la vivienda asequible en alquiler es una de las claves para facilitar el acceso de los jóvenes a vivienda. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Existe una enorme distancia entre la precaria capacidad económica de los jóvenes y el precio de la vivienda (en venta y en alquiler) en el mercado libre. La envergadura del problema hace que no tenga una única solución, sino que hay que atacarlo por todos los flancos.

Para salvar esta distancia entre lo que los jóvenes pueden pagar y el precio en el libre mercado, habrá que incidir en los dos factores del problema:

Incrementar la solvencia de los jóvenes. Dado que es complejo resolver la precariedad laboral en el corto plazo, se tendría que trabajar en tres fórmulas: fuertes bonificaciones fiscales, subvenciones y ayudas directas al alquiler (aunque esta fórmula no es de gran calado por las limitaciones presupuestarias y la gran distancia de precio entre oferta y demanda), y la fórmula del “help to buy”, para aquellos jóvenes solventes que pueden formalizar una hipoteca pero que carecen del ahorro.
Reducir los precios de las viviendas. Se pueden establecer incentivos fiscales para que los particulares pongan más viviendas en el mercado del alquiler. Pero lo verdaderamente efectivo sería retomar la producción de vivienda asequible, y recuperar los niveles medios que tuvimos durante 40 años y que propiciaban el acceso a vivienda de los jóvenes, reducían la edad de emancipación e incrementaban la natalidad y la creación de hogares.

A partir de ahí, la vivienda a precio asequible debería ser en alquiler o en venta, en virtud de lo que los jóvenes demanden, pero según el estilo de vida que quieran llevar y no porque estén obligados a alquilar porque no puedan permitirse la compra.

«La vivienda asequible en alquiler es una de las claves para facilitar el acceso de los jóvenes a vivienda. Es una condición necesaria, pero no suficiente»

P.: Hablemos de la materia prima. ¿Es la falta de suelo catalogado como vivienda protegida el problema para que no tengamos la suficiente producción?

C.R.: De entre todos los factores que lastran la producción de vivienda protegida, la falta de suelo a precio asequible es el más importante y determinante.

La condición «sin ecua non» para promover vivienda protegida es partir de un coste de la materia prima, el suelo, que no exceda de repercusiones de entre 300 y 400€/m². Dado que estos precios son imposibles de conseguir en el mercado de suelo libre, siempre tenemos que centrarnos en suelos con algún régimen de protección. Generalmente, los suelos que primero se edifican en cada nuevo desarrollo, son los suelos de VPP provenientes de las reservas establecidas por ley, que se construye por promotores o cooperativas. Por ello, para evitar que se agote este suelo de reservas es de vital importancia que no se frene la rueda de producción de suelo en nuevos desarrollos. En este momento, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid comprobamos cómo en los desarrollos urbanísticos más recientes, las parcelas pendientes de edificar son de vivienda libre, estando prácticamente colmatado al 100% el suelo destinado a VPP. Así que también es importante que entren en carga nuevos desarrollos (Berrocales en Madrid, Carriles en Alcobendas, Retamar en Alcorcón…), para volver a nutrir de materia prima a la producción de vivienda asequible.

Es necesario hacer una salvedad a lo de que el 100% del suelo destinado a VPP esté edificado. Y es que el suelo protegido que se ha cedido a las Administraciones Públicas está pasando a ser el último en edificarse, incluso después de la vivienda libre. Esto es debido al bloqueo que las administraciones están haciendo de estos suelos, por su “conflicto ideológico” de cómo desarrollarlo. Desde Asprima hacemos un continuo “reproche” a las Administraciones en este aspecto. Es un grave perjuicio para la producción de vivienda social que esos suelos que les hemos cedido y que tanta inversión y esfuerzo han supuesto, no cumplan su fin social. Otra conducta reprochable a algunas administraciones locales es la convocatoria de subastas para enajenar suelo destinado a vivienda social. Las subastas calientan los precios del suelo, alejándonos, por lo tanto, del objetivo de producción de vivienda asequible.

P.: En el contexto actual de subida de los costes de producción, sobre todo de construcción y con un precio máximo de venta ya establecido, ¿cómo capean ustedes el temporal? ¿Salen los números?

C.R.: Siendo el coste del suelo el primer escollo, el segundo gran escollo son los costes de construcción. En los últimos 10 años, con la entrada en vigor de todos los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación, se ha producido un gran incremento en la calidad arquitectónica y en la eficiencia energética de las viviendas. Y las exigencias del CTE no distinguen entre vivienda libre y protegida. Esta mejora se ha traducido en un incremento de costes, que en la vivienda libre se pueden absorber con un incremento de precio final, pero en la protegida no.

A esto se une nuestro problema estructural del sector constructor, con la falta y encarecimiento de la mano de obra, por no haber sabido recuperar el tejido productivo destruido en la crisis del 2008. Y además, tenemos ahora el incremento exponencial del coste de las materias primas por la crisis del Covid (que esperemos sea coyuntural…). Ante esta situación, es muy complicado que salgan los números, y es necesario ser un auténtico especialista de este producto, con un control férreo del coste del suelo, de los costes de construcción, actuando como promotora – constructora (absorbiendo el margen de ésta última). Es fundamental que el equipo técnico de ejecución y contratación de obra se involucre desde el primer momento en la elaboración del Proyecto Básico y de Ejecución (los mayores ahorros de construcción provienen de un diseño eficiente de Proyecto). Igualmente es necesario controlar todos los costes de la gestión promoción (“pelear” cada bonificación y exención fiscal), integrando también la comercialización.

«El objetivo es que, como sucedía antaño, todas las promotoras tengan una línea de negocio dedicada a vivienda protegida»

P.: Otros de los obstáculos con los que se encuentran los promotores y especialmente los jóvenes al tratarse del target de comprador natural de vivienda protegida, son las crecientes dificultades de falta de financiación, la alta fiscalidad y las pocas ayudas a la compra de vivienda, ¿Qué alternativas se han propuesto desde ASPRIMA?

C.R.: Como he dicho anteriormente, para solucionar el acceso a vivienda de los jóvenes, hay que atacar el problema desde todos los flancos. Desde Asprima estamos trabajando para intentar crear un marco jurídico-económico que viabilice a nuestros asociados la producción de vivienda protegida. El objetivo es que, como sucedía antaño, prácticamente todas las promotoras tengan una línea de negocio dedicada a vivienda protegida. De esta manera se incrementaría de forma notable la oferta de vivienda a precio asequible. Para ello nos estamos centrando en tres claves fundamentales:

Propuestas y alegaciones a los pliegos del Plan Vive y fórmulas de colaboración público privada, con la intención de poner en carga todo el suelo en manos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid (para más de 50.000 viviendas).
Propuesta para la elaboración de un nuevo Reglamento de Vivienda Protegida en la Comunidad de Madrid, en sustitución del obsoleto Reglamento de 2009.
Impulso de fórmulas de ayuda directa a la entrada, ampliando la hipoteca a aquellos jóvenes solventes que carecen de ahorro (help to buy).

P.: La Región de Murcia ha aprobado recientemente el Decreto 99/2021 de 13 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico de la vivienda protegida de promoción privada en la Región de Murcia, así como la Orden que regula una línea de avales a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. ¿Qué le parecen estas normas?

C.R.: Estoy convencida que el Decreto aprobado en la Región de Murcia será un ejemplo de que una política de vivienda liberal puede ser la más social de las políticas. Es muy esperanzador ver cómo en Murcia sí ha funcionado bien la colaboración publico privada: los gobernantes detectaron un problema de drástica reducción de producción de vivienda protegida, se reunieron con los promotores con experiencia en este tipo de vivienda, para conjuntamente encontrar soluciones, legislando en consecuencia. Así, el Decreto murciano toca cinco puntos clave para la reactivación de la inversión en vivienda a precio asequible:

Flexibiliza las condiciones de acceso de la demanda, para ampliar más el segmento de la misma. Así, incrementa los ingresos máximos y restringe la limitación de no tener otra vivienda solo en el mismo municipio.
Desburocratización: elimina el trámite de la Calificación Definitiva, que queda sustituido por el título habilitante municipal (LPO o DRFO).
Incremento de precios máximos. A través del incremento del porcentaje aplicable a los anejos (60%).
Fomento del alquiler a precio asequible. El plazo de protección de las viviendas es de solo 10 años, se pueden repercutir los gastos comunitarios en la renta, y no se establece un tanteo y retracto para la transmisión de edificios completos.
Se instrumenta la ayuda directa a la entrada ampliando las hipotecas, colateralizando la deuda mediante avales públicos.

P.: Esta regulación específica de la promoción privada de viviendas de protección y los avales del 20% para aquellos jóvenes que tengan capacidad de pago, pero no de ahorro, ¿es la línea a seguir por otras administraciones?

C.R.: Es importante trabajar en los Convenios a firmar con las Entidades Financieras para generalizar esta fórmula y que llegue a todos aquellos jóvenes que tienen unos ingresos estables pero carecen del ahorro necesario para comprar. La negociación de estos convenios va a ser mucho más eficiente si se hace a nivel nacional (o en las Comunidades Autónomas de forma conjunta), en lugar de cada Comunidad negociando una a una.

«Respecto a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, se quedó corta, pero la sustitución de la LPO por Declaración Responsable era algo de extrema urgencia»

P.: En la Comunidad de Madrid se lleva mucho tiempo hablando de la necesidad de una nueva Ley del Suelo y de una Ley de Vivienda. En octubre de 2020 la CAM hizo una pequeña modificación de la Ley del Suelo, con un aspecto especialmente relevante, la declaración responsable para la primera ocupación con el objetivo de acortar plazos. Sin embargo, no modificó nada de lo que afecta al proceso de clasificación y calificación del suelo, que es en realidad el motor de la transformación inmobiliaria. ¿Cree que se quedó corta esta modificación para una problemática tan compleja?

C.R.: Respecto a la Ley del Suelo, se quedó corta, pero la sustitución de la LPO por Declaración Responsable era algo de extrema urgencia, que había que implementar en la Comunidad de Madrid. Esta medida ya venía recogida en el proyecto de Ley del Suelo en el que se estuvo trabajando durante los 4 años de la legislatura anterior. Dicho proyecto recibió más de 1.000 enmiendas y a pesar de que se consiguieron consensuar, finalmente la Ley no se aprobó en trámite parlamentario. Por ello es de agradecer que esta tan necesaria modificación se hiciese al margen de lo que es la tramitación de una nueva Ley del Suelo, con un trámite parlamentario de Lectura Única.

Al mismo tiempo se está trabajando en una nueva Ley del Suelo, que confiemos que pueda ser aprobada en esta legislatura. Respecto al Decreto de Vivienda, también es de extrema necesidad un nuevo Decreto que sustituya al que lleva en vigor desde 2009 y que resulta totalmente obsoleto. Igualmente, la Consejería de Vivienda lleva más de dos legislaturas trabajando distintos borradores, pero sin sacarlo adelante (y eso que en este caso es un decreto y no se requiere un complejo trámite parlamentario).

P.: También existe un proyecto de decreto por el que se regulan las viviendas de protección pública en la Comunidad de Madrid, ¿qué valoración hacen desde ASPRIMA? ¿Qué aspectos imprescindibles cree usted que debería regular y en qué sentido?

C.R.: Desde Asprima y CEIM hemos sido muy críticos con el proyecto de decreto de la Comunidad de Madrid. Nos hemos reunido con la Consejería y les hemos trasladado que las modificaciones incluidas en este proyecto van a acabar de extinguir la promoción de vivienda protegida en nuestra Comunidad. El proyecto va en una línea diametralmente opuesta al Decreto de la Región de Murcia, ya que lejos de aplicar una política liberal, la hace aún más intervencionista que la actual:

Lejos de flexibilizar las condiciones de acceso de los adquirentes, los endurece. Así, respecto al requisito de no tener otra vivienda, lo extiende a todo el territorio nacional, con la obligación de no haberla tenido en los últimos 2 años. Es decir, una familia que quiere tener hijos y necesita una casa mayor, o mayores que quieren mejorar la accesibilidad de su vivienda, no pueden acceder a vivienda protegida vendiendo su casa actual (lo deben hacer dos años antes).
Lejos de desburocratizar, mantiene la tramitación de la Calificación Definitiva, a pesar de que para la vivienda libre ya existe la Declaración Responsable. Además introduce el silencio negativo y la creación de un Registro de demandantes.
Lejos de incrementar el precio máximo de venta, lo reduce en 5.000-6.000.-€ por vivienda.
Desincentiva las fórmulas de ‘help to buy’, estableciendo un derecho de adquisición preferente en la transmisión de edificios completos, limitando la inclusión de gastos de zonas comunes, incrementando los años de protección.

P.: La aprobación de una nueva Ley de Vivienda por parte del Gobierno de España parece inminente. Una Ley bastante centrada en el mercado de vivienda en alquiler, la regulación de los alquileres en zonas tensionadas y los desahucios. ¿Qué echa de menos en este anteproyecto?

C.R.: Coherencia es lo que echo de menos. El Gobierno de España trata la Ley de Vivienda como algo ideológico. Y la Vivienda lo que necesita es gestión. Gestión por parte de a quien le compete, que son las Comunidades Autónomas. Los expertos en políticas de vivienda (y me considero una de ellos, dado que Grupo Roca lleva más de 50 años promoviendo vivienda social en cuatro Comunidades), debemos hacer mucha pedagogía al respecto. La financiación de la política social de vivienda no recae sobre los presupuestos públicos, sino que viene soportada por la iniciativa privada, en cada uno de los desarrollos urbanísticos que se promueven.

Las Leyes del suelo establecen fuertes gravámenes a través de reservas de suelo destinados a vivienda protegida (50% de media de todo el suelo residencial total), a través de cesiones municipales (10%) y a través de cesiones supramunicipales. Sin duda, esta es una política muy social en comparación con la media europea, que permite que se promueva gran cantidad de vivienda a precio asequible pero a costa de gravar e incrementar los costes de producción de la vivienda de obra nueva libre, lo que repercute en el precio de estas viviendas. Así el equilibrio social se consigue haciendo que las familias que adquieren una vivienda en el libre mercado sufragan las viviendas sociales que otras familias no se pueden permitir.

El problema es que llevamos una década en que ha dejado de ponerse en el mercado esta vivienda social y además ha aumentado el segmento de la demanda que no puede acceder al mercado libre. Pero lo que es inadmisible es que, después de haber encadenado 10 años de fracasos en las políticas de vivienda, ahora la solución pase por intervenir el libre mercado y volver a gravar las viviendas que ya contribuyeron cuando debían hacerlo.

«Si los fondos europeos se conciben únicamente como un consumo de los mismos, desde la gestión pública serán bienvenidos, pero no supondrán un cambio de entidad para el sector «

P.: El Gobierno de España ha sometido consulta pública previa hasta el 1 de julio el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada por Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Sobre todo, para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística de cara a conseguir una óptima implementación de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación. ¿Cómo van a afectar estos fondos al sector inmobiliario?

C.R.: Depende mucho de cómo se implementen. Si los fondos se conciben como un catalizador para atraer inversión privada, en el ratio de 1 a 5, supondrán un cambio estructural del sector, pudiéndose llegar a cumplir el objetivo de una rehabilitación de nuestro parque de viviendas y una regeneración de nuestras ciudades con la suficiente entidad y calado. Pero para ello, por cada millón de fondos europeos, será necesario atraer 5 millones de inversión privada.

Sin embargo, si los fondos se conciben únicamente como un consumo de los mismos, desde la gestión pública, serán bienvenidos, pero no supondrán un cambio de entidad para el sector. En este sentido es bastante decepcionante el proyecto de Real Decreto que regula los Fondos destinados a la rehabilitación y construcción de vivienda social. Este RD contempla un programa de regeneración de barrios, en el que no se lleva a cabo ningún cambio legislativo orientado hacia el incremento de edificabilidades. Siendo esto así, no hay ayuda suficiente que viabilice los proyectos, siendo imposible que el promotor se convierta en agente regenerador.

El RD esboza la creación de una nueva figura, que es el gestor rehabilitador. Es una figura fundamental, ya que debe conseguir atraer la inversión de las comunidades de propietarios ofreciéndoles un proyecto llave en mano: libro del edificio, proyecto de rehabilitación, gestión de ayudas, contratación y dirección de obra, financiación puente. Por ello, más que un esbozo, el RD debería cargar más las tintas en esta figura. Y por último, respecto a la construcción de vivienda social en alquiler, el RD solo contempla a construcción de vivienda pública, a través de empresas públicas o concesiones administrativas y derechos de superficie. Esto no atrae inversión privada.

P.: Para concluir, ¿cuáles deben ser los objetivos del sector inmobiliario residencial para los próximos años? ¿Qué papel puede desempeñar ASPRIMA en la consecución de los mismos?

C.R.: Tal y como lo veo yo, se ha producido una especie de “alineación de los astros” para que se reactive la construcción residencial y se recuperen los niveles de producción medios de 250.000 viviendas al año. Por un lado, es necesario que la construcción reabsorba gran parte del desempleo que se genere en el sector servicios. Por otro lado, según un último estudio de Gestvalt, hay una necesidad de más de 1M de viviendas asequibles en España. Además, los objetivos de la Agenda 2030 nos marcan la necesidad de rehabilitar 300.000 viviendas al año durante los próximos 10 años. A todo esto hay que añadir que las actuales políticas monetarias expansivas y los tipos de interés negativos, tiene como respuesta inmediata un incremento de la inversión en nuestro sector. Y ya por último, la aprobación de los Fondos Europeos de Recuperación, que deben “exprimirse” al máximo e implementarse antes del 30 de junio de 2026.

Sin duda son objetivos ambiciosos, ya que cualquier sector que en los próximos años pretenda incrementar su producción en más de un 250%, debe prepararse para ello, ganando en eficiencia y productividad. Y ahí es donde Asprima, y la asociación nacional APCE, deben desempeñar el papel fundamental de aunar el conocimiento y experiencia del sector, para junto con las Administraciones, Entidades Financieras, Colegios profesionales, etc., se pongan las bases necesarias para el cumplimiento de estos objetivos.

P.: ¿Si pudiera pedir un deseo para todo el sector, cuál sería?

C.R.: ¿Recuerdas tu tercera pregunta? Pues retomándola, mi deseo es que el sector produzca 250.000 viviendas al año, a precio asequible para satisfacer la demanda de primer acceso a vivienda de jóvenes y familias de rentas medias, con una elevada calidad arquitectónica y con los máximos estándares de eficiencia energética.