El pasado 17 de marzo de 2022, la prensa española se hacía eco de la inversión de META (antiguo Facebook) por valor de 1 billón de euros en la construcción de un data center en el Polígono de Torrehierro en el municipio toledano de Talavera de la Reina, sobre una parcela de 2.000.000m2, que, se calcula, generará 2.000 puestos de trabajo directos de profesionales de alta cualificación.
Un centro de datos o data center es un espacio físico donde se instalan sistemas informáticos (servidores, servicios de computación…) utilizados por empresas, administraciones y organizaciones, para procesar, almacenar y distribuir grandes cantidades de información, normalmente bajo un contrato de alquiler por hora y uso a compañías especializadas en este tipo de servicios.
El tamaño de los centros de datos se mide en megawatios (MW). Estos inmuebles, en general, se construyen sobre grandes extensiones de terreno con un diseño tipo industrial/logístico diseñados con prestaciones específicas requeridas por la actividad que en ellos se realiza, como los sistemas de refrigeración, de seguridad, de aislamiento.
La localización de estos activos se halla cerca grandes cantidades de energía de alta tensión y de rutas de fibra que en España son de las mejores de Europa.
Según un informe elaborado por la Asociación Española de Data Centers (Spain DC), hasta el año 2026, la inversión directa en este tipo de activos inmobiliarios en nuestro país alcanzará los 6.837 millones de euros, a los que se sumarán 10.000 millones más en inversión indirecta.
Madrid y Barcelona acaparan la inversión en España de este tipo de activos. En el caso de la capital, alcanza los 113MW frente a los 711MW que hay en Londres. El camino por recorrer es largo. Se calcula que en 2026 esa cifra se elevará a 621MW en Madrid, e incluso la inversión podría extenderse a otras ciudades como Bilbao. A nivel europeo la inversión en este tipo de activos alcanzará en 2028, los 33.660 millones de euros.
Son varias las razones sobre las que se sustentan estas buenas perspectivas de crecimiento en España:
En primer lugar, la posición del Gobierno favorable a establecer las políticas que atraigan este tipo de inversión con plena seguridad jurídica a nuestro país, con medidas de tipo geográfico, legal, fiscal, laboral, etc. Así, el Gobierno está ultimando con Spain DC el lanzamiento de una escuela de formación de data center gestionado por SEPE y Fundae. También ha apostado por una extensa regulación de la transformación digital de la economía para los próximos años. El Gobierno ha invertido en conectar Europa con África y con EEUU por medio de cables submarinos (el principal método de transferencia de datos a nivel mundial) como el Grace Hooper de Google y el 2Africa. El Gobierno no descarta la adopción de medidas fiscales favorables a este tipo de inversión como bonificaciones o deducciones de los impuestos relacionados con el suministro eléctrico.
El tema no es baladí, la digitalización de la economía española es necesaria para la prosperidad del país y también tiene efectos beneficiosos de naturaleza social, porque aporta un sinfín de soluciones para cubrir necesidades y gestionar nuestro día a día de una forma mucho más eficiente, ahorrando tiempo, y accediendo a una mayor oferta de productos y servicios a precios más competitivos. Además, nos posibilita estar más conectados, y dedicar más tiempo a la familia o al ocio, u otras actividades que nos permiten disfrutar de una mayor calidad de vida.
Socia fundadora de Sandín Abogados y Abogada especializada en Derecho Inmobiliario.
