En estos días estamos ante la consulta pública del anteproyecto de ley por el que se pretende modificar la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Con este nuevo marco normativo se pretende actualizar las figuras de planeamiento y conseguir una mejor gestión a través de una planificación mas flexible y simplificada.
La verdad que antes de entrar en consideración de forma somera las medidas contempladas en dicho anteproyecto de ley, me gustaría resaltar que una consulta pública, hasta el 1 de julio de 2021 se me antoja escasa ante la complejidad del campo normativo que abarca. Si bien es cierto, que esta premura, se debe a tenerlo todo listo para cuando lleguen los Fondos Europeos; porque me atrevo a decir, que este y no otro es el único motivo de este anteproyecto, conseguir que España sea capaz de gestionar estos fondos y que no pase como en la mayoría de las ayudas y subvenciones que vienen de Europa, que ante la dificultad de implementación por un lado y el desconocimiento de la mayoría de la población por otro, son devueltas en un importante porcentaje a las arcas europeas.
No sé si este anteproyecto servirá para la buena y rápida ejecución de los fondos europeos, pero de lo que estoy plenamente seguro, es de que no resuelve las necesidades de miles de millones de euros de inversión privada, que se pierde o se ralentiza por no tener un marco normativo lo suficientemente ágil y flexible.
Según el documento de consulta pública, «Las medidas planteadas son fundamentalmente de dos tipos: las relacionadas con la naturaleza de los instrumentos de planificación y de los efectos que tiene su anulación y las de carácter procesal, que tratan de evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas.«
Pues bien, estos dos tipos de medidas resolverán problemas ya existentes y quizás puedan mitigar algunos futuros, hay que tener en cuenta que las competencias en Urbanismo y Ordenación del Territorio son de las Comunidades Autónomas y algo tendrán que decir sobre las mismas.
Pero de ninguna manera va a solucionar la rigidez normativa y de planificación urbanística, ni los dilatados plazos, que en muchos casos hacen inviables las inversiones territoriales y la adaptación del territorio a las necesidades económicas, sociales y culturales de los ciudadanos.
Ya en 2013, escribí un artículo donde me hacía la siguiente pregunta ¿es posible customizar el urbanismo?, es decir, ¿es posible adaptar la planificación y el desarrollo urbanístico a las necesidades reales de cada momento?
Yo mismo me respondía, quizás equivocadamente, que sí; y sigo pensando lo mismo.
Este anteproyecto no recoge a mi entender ninguna de las recomendaciones que ya en su día hizo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, sobre la necesidad de promover un planeamiento urbanístico donde los usos no sean innecesariamente detallados y pormenorizados, permitiendo así una adaptación del territorio a las necesidades ciudadanas o a la captación de inversión y, por lo tanto, generación de empleo, riqueza y reequilibrio social localizado.
También recogía la necesidad de agilizar la transformación de suelo, no porque quieran los grandes especuladores, si no como respuesta rápida, por ejemplo, a la necesidad de suelo clasificado y calificado para vivienda de protección social que existe actualmente en algunas grandes ciudades de nuestro país.
Curiosamente, estas recomendaciones, podrían haberse sacado incluso de la propia justificación del anteproyecto ley, pero a mi entender no tienen luego su traslación al marco normativo.
«la ciudadanía, que reclama ciudades vivas, actuales, adaptables a sus nuevas necesidades y aspiraciones y viviendas dignas y adecuadas, los inversores, que necesitan certeza para intervenir en un mercado que resulta clave para asegurar la actividad económica y el empleo» (Consulta pública).
«También son imprescindibles estos instrumentos de planificación para que las ciudades puedan contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarse a ellos, vinculando la edificación con el clima local y exigiendo a la planificación nuevos contenidos relacionados con la eficiencia energética.»(Consulta pública).
Para no extenderme más en este artículo, diría que nada sucede en la vida de las personas sin tener en cuenta el territorio. El uso del territorio condiciona la vida de los ciudadanos e incluso puede ser una barrera de discriminación.
Si queremos un medio ambiente más saludable, unas ciudades más sostenibles, más eficientes no solo energéticamente si no también económicamente, si queremos unas ciudades más sociales, más participativas, con mayor movilidad; si queremos un reequilibrio social. En definitiva, el futuro depende de cómo planifiquemos nuestras ciudades y no solo en un momento determinado, si no en un proceso circular de adaptación constante al cambio y a las necesidades ciudadanas.
Hay que apostar por una planificación del territorio y un urbanismo customizado, que sea transparente, sencillo, claro, ágil y flexible.
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