PSOE y Unidas Podemos han acordado aprobar la regulación del alquiler en un plazo de tres meses. Esta ley establecerá limitaciones para contener y bajar los precios del alquiler, dando las competencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos para marcar un índice de precios en los contratos nuevos de otros ya existentes en aquellas zonas de haya «un incremento abusivo y sostenido de las rentas».
De esta forma, los organismos competentes podrán declarar, siempre basándose en fundamentos objetivos y técnicos, qué zonas son consideradas como «mercado tensionado» y regular así los nuevos contratos tomando como referencia los anteriores. El objetivo es refrenar las subidas injustificadas y establecer mecanismos para la eventual bajada de los precios de arrendamiento.
En relación con la aprobación de esta nueva Ley Estatal de Vivienda, desde Tectum Global Mangement, compañía especializada en operaciones de activos residenciales destinados al alquiler a largo plazo, aseguran que este acuerdo «producirá un efecto contrario, reduciendo aún más la oferta, elevando los precios y ralentizando el mercado del alquiler, lo que afectará a los inquilinos más vulnerables». Andrés Horcajada, el consejero delegado de la agencia, considera que «las políticas intrusivas que alteran reglas básicas, en las relaciones privadas no solucionan el problema de acceso a la vivienda«.
Por su parte, FACUA valora positivamente el acuerdo de los socios de Gobierno y estima que estas medidas pueden «abrir la puerta a frenar la especulación en los alquileres y facilitar así el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el acceso a la vivienda». La asociación espera que el texto de la nueva norma contemple medidas claras que «ofrezcan mayores garantías y protejan los derechos de los inquilinos de manera efectiva».
Sin embargo, el Consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha constatado que «regular los precios del alquiler ha demostrado ser un fracaso en ciudades como Berlín o París«. David Pérez asegura que el control del alquiler «desincentivará la oferta, generará un mayor fraude y una peor conservación del parque residencial, al tiempo que incrementará los precios».
En la misma línea, el CEO de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, insiste en que con la nueva regulación, «la oferta desaparecerá, los precios subirán y aumentará la economía sumergida». Desde la plataforma profesional de alquiler también creen que lo óptimo sería «dejar de lado este tipo de regulaciones y ofrecer a los propietarios las garantías suficientes para que pongan sus viviendas en alquiler, lo que aumentaría la oferta y la contención de los precios al ser más sencillo el acceso a la vivienda”.
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