Ya en 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había declarado nula esta actuación urbanística aprobada previamente durante el mandato de Ruiz Gallardón. Después, el Ayuntamiento de Madrid volvió a sumergirse en un proyecto parecido que estuvo sobre la mesa en las siguientes tres legislaturas hasta la llegada al gobierno de Manuela Carmena.
Fue entonces cuando, aparte de paralizar la tramitación del plan, se llevó a cabo la modificación de ciertos aspectos del Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid (PGOUM). Ya en mayo de 2020 se aprobaron provisionalmente dichas modificaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid y ya en julio, de forma definitiva, por la de la Comunidad de Madrid. Ocho días después de esta aprobación, Ecologistas en Acción y la FRAVM interpusieron un recurso administrativo en contra que fue admitido a trámite a principios de septiembre.
La intención de ambos grupos es conseguir que el proyecto sea declarado nulo. Consideran que «es innecesario, contiene una edificabilidad sobredimensionada, no mejora la carencia en dotaciones de los barrios vecinos, reduce las cesiones de equipamientos públicos, contempla zonas verdes por debajo de los mínimos permitidos y elimina dos vías pecuarias. Todo ello para beneficiar el interés privado».
Madrid Nuevo Norte
El proyecto supondría la transformación de unos 3,3 millones de metros cuadrados de suelo al norte de la ciudad, una superficie equivalente a tres veces el Parque de El Retiro, y que se encuentra atravesada por la red ferroviaria. Los ecologistas denuncian que el 80% del suelo es de titularidad pública, pero hay un rédito lucrativo que «está en manos de la entidad privada denominada Distrito Castellana Norte (DCN) formada por el BBVA y la constructora San José».
En este espacio es donde se quieren construir 22 grandes torres, siguiendo el ejemplo de las cuatro torres de Madrid, para darles un uso comercial y de oficinas. Además, está prevista la construcción de 10.700 viviendas al norte de la M-30. Esto es algo que también señalan los denunciantes porque «el proyecto destina a este tipo de vivienda el 20% de la edificabilidad residencial, mientras que la normativa establece que debe cederse un mínimo de un 30 % en suelos urbanizables».
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