Esta semana está siendo especialmente intensa con el tema de la vivienda, desde que se ha puesto el foco político en el mismo y la vivienda es el “top one” en la agenda del gobierno y de la oposición, pero hay mucho más ruido que nueces.
Ahora toca polarizar a la opinión pública entre Declaración de Asturias o Quinto elemento del Estado del Bienestar.
Sinceramente creo que muchas de las propuestas recogidas son válidas y compatibles, por lo tanto, en condiciones racionales (no políticas) sería relativamente fácil que se pusieran en práctica.
Ahora bien, la mayoría de esas medidas son a medio y largo plazo. No suponen un tratamiento de choque que afecte de manera inmediata al mercado de la vivienda, altamente tensionado en algunas zonas, principalmente en grandes ciudades y su entorno metropolitano.
Otras como la de liberalizar suelo, no sé muy bien a qué se refiere, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, existe muchísimo suelo clasificado como urbanizable. El problema es que cuando quieres sectorizar y darle un uso residencial, la tramitación administrativa puede durar hasta décadas y en el mejor de los casos hablamos de entre seis y ocho años. Lo mismo sucede en el resto de Comunidades Autónomas, suelo existe y está liberalizado, pero no es apto en el corto plazo para la edificación de viviendas. Las modificaciones legales para conseguir una mayor agilidad en la tramitación urbanística son urgentes.
Rebajar la fiscalidad o reformar la ley del suelo para dar seguridad jurídica, sí son mediadas en las que se puede actuar de inmediato y deben ser aprobadas en el Congreso de los Diputados de forma inminente, tanto por el Gobierno y el Partido Popular, demostrando así a todos los españoles que de verdad se empiezan a dar pasos para paliar el problema de acceso a la vivienda.
Ahora bien, para dar respuesta en el corto plazo creo que se está obviando a un actor fundamental, la administración local.
Son los Ayuntamientos los que más parcelas de titularidad pública disponen, fruto de las cesiones libres y gratuitas para poner en el mercado de manera inmediata, también son los Ayuntamientos, quienes tienen que otorgar las correspondientes licencias de edificación que en muchos casos se alargan más de un año, y también son los Ayuntamientos quienes tienen que aprobar la mayoría de los instrumentos de planificación y gestión urbanística para el desarrollo del suelo.
Sin una implicación total de los Ayuntamientos, sobre todo de los grandes, muchas de las medidas que se adopten por las otras administraciones pueden quedar diluidas en el tiempo. Es necesario no solo los cambios normativos en todos los niveles de la administración, sino también dotar de los recursos necesarios a los Ayuntamientos para que puedan dar respuesta con agilidad a lo que demandan los ciudadanos y los productores de vivienda.
Está muy bien y es necesario que exista un gran consenso nacional en torno a la vivienda, está muy bien y es necesaria la colaboración público-privada para dar respuesta al mismo; pero como me decía un gran amigo y experto el otro día, es más urgente una colaboración pública-pública entre administraciones.
Comunicación, medios digitales, relaciones públicas y desarrollo territorial
