El urbanismo madrileño se enfrenta desde hace años a una contradicción: mientras las necesidades de vivienda y los nuevos desarrollos evolucionan, los instrumentos de planificación no siempre son capaces de adaptarse a la misma velocidad. Esta rigidez ha contribuido a que determinados proyectos urbanísticos permanezcan paralizados durante años, pese a resultar compatibles con el modelo territorial de sus municipios. En este contexto, el proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) plantea una transformación estructural del sistema urbanístico de la Comunidad de Madrid.
La reforma propone sustituir el modelo urbanístico establecido por la Ley 9/2001 para avanzar hacia un sistema más flexible y adaptado a las necesidades actuales. Se trata de un planteamiento acertado, especialmente si tenemos en cuenta las dificultades que afrontan determinados desarrollos para avanzar en su tramitación. Sin embargo, conviene recordar que una mayor agilidad administrativa no garantiza, por sí sola, que los proyectos lleguen a ejecutarse.
Un modelo más flexible para impulsar nuevos desarrollos
Una de las principales novedades del proyecto de ley es la separación entre la planificación estratégica del territorio y la ordenación de actuaciones concretas, mediante los nuevos Planes Estratégicos Municipales y los Planes Ejecutivos. Este cambio permitiría impulsar determinados desarrollos sin necesidad de modificar previamente el planeamiento general, con sujeción a las determinaciones vinculantes de la planificación estratégica y a los controles previstos legalmente.
Esta mayor flexibilidad podría contribuir a desbloquear proyectos paralizados, favorecer la iniciativa privada y facilitar la adaptación del suelo a nuevas necesidades residenciales y económicas. A ello se suma una nueva clasificación que distinguiría entre suelo urbanizado, rural protegido y rural no protegido. La posibilidad de plantear actuaciones sobre terrenos rurales no protegidos sin su previa clasificación como urbanizables abre nuevas oportunidades, aunque no supone un derecho automático a urbanizar ni elimina la obligación de cumplir las exigencias legales y urbanísticas correspondientes.
Otro de los pilares de la reforma es la simplificación administrativa. En una comunidad donde la tramitación de determinados desarrollos puede superar ampliamente los diez años, la posibilidad de incorporar a la tramitación de los Planes Ejecutivos los instrumentos de gestión y los proyectos de urbanización podría contribuir a reducir procedimientos sucesivos y acortar los plazos. En esta misma línea, el proyecto contempla medidas para evitar duplicidades en los informes sectoriales y establece un plazo de tres meses para los informes sectoriales de competencia autonómica, mientras que los pronunciamientos de organismos estatales seguirán sujetos a su propia normativa.
Para promotores e inversores, una reducción efectiva de los tiempos de tramitación podría traducirse en menores costes de financiación y una mejora de la viabilidad de las actuaciones. No obstante, el impacto real dependerá también de factores como la disponibilidad de infraestructuras, las autorizaciones sectoriales y la coordinación entre administraciones. La simplificación de los procedimientos constituye un avance, pero su eficacia deberá comprobarse en la ejecución de los proyectos.
La seguridad jurídica, clave para el éxito de la reforma
Más allá de los cambios normativos, uno de los grandes desafíos del proyecto de Ley LIDER reside en trasladar sus objetivos a la práctica. La transición hacia el nuevo modelo urbanístico será especialmente importante para aquellos desarrollos que llevan años en tramitación o que, a pesar de contar con planeamiento aprobado, todavía no han completado su ejecución. En este sentido, el régimen transitorio será determinante para evitar que el cambio legislativo se convierta en un nuevo motivo de paralización. El proyecto prevé reglas para mantener la eficacia del planeamiento vigente y permitir, en determinados supuestos, la continuación de planes ya iniciados conforme a la legislación anterior, una previsión especialmente relevante para evitar que expedientes avanzados deban comenzar de nuevo.
Desde el punto de vista jurídico, la verdadera eficacia de la reforma dependerá de que la agilización administrativa vaya acompañada de garantías suficientes y de una adecuada coordinación institucional. No tendría sentido reducir los plazos de aprobación si la transición al nuevo sistema genera incertidumbres adicionales o dificulta la continuidad de actuaciones que ya se encuentran en marcha.
El proyecto de Ley LIDER representa, por tanto, una oportunidad para superar algunas rigideces del urbanismo madrileño y facilitar nuevos desarrollos, especialmente residenciales. Sin embargo, su verdadero éxito no reside únicamente en aprobar los planes con mayor rapidez, sino en conseguir que los proyectos se puedan ejecutar con seguridad jurídica, coordinación administrativa y pleno respeto a los derechos de los afectados. Porque la eficacia de una reforma urbanística no se mide por el número de planes aprobados, sino por su capacidad para transformar el suelo y convertir los proyectos en realidad.
Por Marta Plaza, socia de GTA Villamagna
Lucía es periodista especializada en comunicación digital, redacción de contenidos, SEO y redes sociales. Graduada en Periodismo por la Universidad Francisco de Vitoria.
