El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto, presentado el pasado 26 de octubre, supone la primera norma que desarrolla el quinto pilar del Estado de Bienestar español por el derecho al acceso a la vivienda y a precios asequibles. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han recalcado que la necesidad de esta ley, que viene dada por la incapacidad de los mercados de responder a la necesidad social: «los poderes públicos tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación. La ley no va en contra de los propietarios sino que va en contra de la especulación«, ha explicado Sánchez.
Siguiendo la misma línea que Isabel Rodríguez y Raquel Sánchez, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha calificado esta nueva norma como capaz de ordenar el sector inmobiliario y de dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y los pelotazos urbanísticos, como ya sucedió en 2008. Belarra ha recordado que las cláusulas abusivas de las hipotecas firmadas previamente a 2008 endeudaron a las familias, ocasionando una burbuja posterior en el mercado del alquiler con una subida del 50% en los precios de los arrendamientos desde 2015 a 2020.
La ministra de Derechos Sociales ha señalado, además, a los fondos de inversión y a los grandes propietarios como los mayores beneficiarios de las burbujas inmobiliarias viviedas y concluye que «por eso era hora de reequilibrar esa balanza y por eso esta ley protege a los inquilinos, que son la parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y al mismo tiempo exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda«, ha dicho Ione Belarra.
La ley no invade competencias autonómicas
A pesar de que el pasado viernes el Consejo General del Poder Judicial emitiera un informe contrario a la voluntad del Gobierno con respecto a la nueva Ley por el derecho de acceso a la vivienda, alegando una invasión de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de vivienda, desde el Ejecutivo recuerdan que dicho informe no es vinculante, pero aún así le guardan un «respeto absoluto», en palabras de la ministra Isabel Rodríguez.
El Gobierno entiende que el ámbito del informe debe circunscribirse a los tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ven modificados a través de la nueva ley de vivienda. El Ejecutivo, ha añadido Raquel Sánchez, mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en la materia en aras a conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables no invade ninguna competencia autonómica.
Además, recuerdan que el proyecto de ley reconoce la capacidad y ofrece instrumentos a las administraciones territoriales competentes para que aprueben y complementen las medidas que estimen necesarias para hacer efectivo el derecho básico a la vivienda.
Principales aspectos de la ley
Una de las medidas más destacadas es la relativa al parque público de vivienda social. Raquel Sánchez ha explicado que se somete a protección permanente «para que no pueda ser enajenado, como sucedió en el pasado«. Por su parte, Belarra ha valorado que se imponga una reserva obligatoria del 30% de cualquier promoción a vivienda protegida y que de ese 30% el 15% tenga que ir a alquiler social, de modo que se pueda construir poco a poco un parque público de vivienda en consonancia con los países europeos. En Francia, ha puesto como ejemplo, hay siete veces más vivienda social que en España, y en Países Bajos su número se multiplica por doce respecto a nuestro país.
Desahucios en situación de vulnerabilidad
Por otro lado, la ley mejorará la regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Raquel Sánchez ha destacado que, a partir de ahora, los servicios sociales se coordinarán de manera más eficaz con los jueces para poder ofrecer soluciones habitacionales a los afectados. Belarra ha incidido en que la ley garantizará que la alternativa habitacional que se busque para estas familias sea una vivienda como tal, y no un albergue, como ahora mismo está sucediendo en algunas comunidades autónomas.
Zonas tensionadas
Raquel Sánchez ha explicado que las Administraciones competentes podrán declarar por tiempo limitado zonas de mercado residencial tensionado y establecer medidas para impedir incrementos abusivos de la renta y conseguir una bajada de precios, ya sea reduciendo el coste del alquiler o aumentando la oferta. En estas zonas, Ione Belarra ha añadido que los incentivos fiscales previstos están diseñados para que sea más provechoso para los propietarios bajar los precios del alquiler.
Subida del IBI a las viviendas vacías
Respecto a las viviendas vacías, la ley contempla que los ayuntamientos puedan hacer un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que las grava. Belarra ha señalado que el Gobierno considera «poco ético» que haya viviendas vacías cuando tantas personas necesitan una, por lo que es necesario conseguir que entren en el mercado de alquiler o venta.
Declaraciones dentro del sector inmobiliario
Desde el portal inmobiliario Fotocasa consideran que «la Ley de Vivienda es intervencionista, genera inseguridad jurídica y carece de incentivos suficientes”. Según un comunicado lanzado por la entidad, «en este Proyecto de Ley se aprecian carencias en cuanto a la seguridad jurídica y a los incentivos fiscales«, motivos que pueden generar desconfianza entre los propietarios. Aunque desde el portal inmobiliario defienden también la creación de un fondo social de vivienda y la reserva del 30% de las viviendas de las promociones a vivienda pública, consideran que la nueva ley debería optar por ser menos intervencionista y más incentivadora, y tachan el incremento del IBI a las viviendas vacías como «medida sancionadora» que no contribuirá a mantener un buen clima inversor.
Por su parte, desde LACOOOP, también califican la ley como «insuficiente« puesto que no incluye algunas de las principales reivindicaciones que viene haciendo el sector inmobiliario desde hace tiempo, como la creación de una legislación estatal exclusiva para las cooperativas de viviendas, la reducción del IVA, agilizar los trámites burocráticos para la concesión de licencias o ajustar el precio de los módulos a la realidad del mercado. Desde el marketplace explican que la norma es «injusta» con los promotores al promover que estos tengan que indemnizar a los clientes en el caso de que se retrasen las obras, pues, entre otros factores,«es injusto abordar este tema sin considerar ajustes en la propia Administración. Gran parte de los retrasos en la entrega se producen por la demora en la concesión de las licencias por parte de los Ayuntamientos».
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