La inversión sostenible en real estate se refiere a la asignación de capitales que busca integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) específicos del sector en la toma de decisiones de inversión. El sector inmobiliario es responsable de buena parte de la huella ambiental global, desde la construcción hasta la vida posterior de los edificios, de forma especial desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la circularidad de los materiales.
La inversión temática sostenible en real estate busca reducir el impacto ambiental de los edificios, promover la eficiencia energética, la gestión de residuos y la conservación de recursos naturales, por la parte ambiental, y promover el acceso a una vivienda digna y la consideración de aspectos sociales y de gobernanza como la diversidad, la igualdad de oportunidades y la transparencia.
Al margen de la mayor sensibilización de la ciudadanía con las cuestiones ambientales o la situación geopolítica respecto a la gestión de la energía, una de las ventajas y por tanto de las razones tras la proliferación de la inversión inmobiliaria ESG consiste en que, al promover la eficiencia energética y la gestión responsable de los recursos, se puedan reducir los costes operativos y aumentar la rentabilidad de los activos a largo plazo.
Sin embargo, la falta de disponibilidad de información unificada, el complicado diseño de los sistemas de subvenciones, la aplicación desigual de normas como las relativas a los certificados energéticos de los inmuebles, o la situación de presión de costes por el aumento de los precios de los materiales, dificulta trasladar esa situación ventajosa al cliente final y puede contribuir a ralentizar la conversión del parque construido vía rehabilitación o la construcción de obra nueva de consumo nulo bajo el nuevo código técnico. En definitiva, el marco y la situación son lo suficientemente complejos como para que el comprador particular todavía presente dudas sobre si las inversiones energéticas salen a cuenta, cuando la información sobre el periodo de amortización acortado en base a subvenciones es claramente favorable.
Existen distintos frentes en que el sector puede desarrollarse rápidamente a nivel nacional si se diseña un sistema de incentivos apropiado: la construcción de vivienda social y comunidades energéticas, donde España ocupa un lugar muy por debajo de la media europea; la rehabilitación, que tiene un altísimo potencial para descarbonizar el parque construido pero establece un objetivo en cantidad de viviendas incompatible con el límite de presupuesto de carbono para la construcción en el presente; el uso del suelo rústico orientado al despliegue de renovables y sumideros de carbono; o la vinculación de condiciones ventajosas de la financiación bancaria a proyectos vinculada a objetivos de sostenibilidad.
En paralelo, existen retos a los que se deberá seguir contribuyendo, tanto desde el cuerpo científico como desde buenas prácticas de mercado. Algunos de ellos son la gestión del carbono embebido (carbono que se produce la fabricación de los materiales en la propia ejecución de las obras) una vez se hayan llevado a cabo las reducciones pertinentes del carbono operativo (el carbono que se genera con el uso del inmueble) en la construcción; la escasez en la cobertura de información de sostenibilidad de las empresas del sector (con una composición de una mayoría aplastante de pymes, que quedan fuera del alcance de las principales obligaciones sobre divulgación de información corporativa de sostenibilidad); las nuevas fórmulas de comercialización ante el auge del alquiler frente a la compra de la vivienda habitual; y la innovaciones en procesos vinculados a la economía circular en la prevención en la generación de residuos de la construcción y demolición, en la gestión de los residuos producidos en las obras, y la trazabilidad y el transporte de los residuos de la construcción, entre otros.
Este es un contexto interesante para trasladar al regulador nacional y europeo distintas propuestas de mejora y dudas sobre la eficacia del marco regulatorio presente, de una forma unificada y multistakeholder, desde la banca, la gestión de activos, los profesionales de consultoría, expertos en sostenibilidad, reguladores y promotores; haciendo uso de la palanca de las asociaciones especializadas en sostenibilidad empresarial y finanzas con criterios ESG. Es tiempo de coordinar sector, financiación y regulador para alcanzar los objetivos de sostenibilidad.
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