La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática está analizando las alegaciones presentadas en el trámite de información pública al nuevo Proyecto de Decreto de Vivienda de Protección Pública y Régimen Jurídico de Patrimonio Público de Vivienda y Suelo de la Generalitat Valenciana.
La nueva normativa de vivienda de protección pública (VPP) se basa en diez principios básicos. En primer lugar, se ha actualizado al nuevo ciclo socioeconómico, se ha refundido en un único reglamento, al tiempo que también se han simplificado los regímenes, dejándolos en promoción pública y promoción privada:
- La promoción pública tendrá como objeto la actuación sin ánimo de lucro por parte de las administraciones autonómicas y locales, con la finalidad de facilitar el acceso a una vivienda a colectivos con escasos recursos económicos, con destino preferente el arrendamiento.
- En la promoción privada serán actuaciones con ánimo de lucro o utilización propia. Su destino será el arrendamiento o propiedad con el objeto de fomentar el alquiler y el cooperativismo. Se incorpora asimismo el derecho de superficie o concesión administrativa.
El secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, ha señalado como otra de las novedades más importantes de la nueva normativa, la posibilidad de reserva de hasta un 100% de las viviendas en promociones privadas para su adquisición por la administración, en áreas de necesidad de vivienda (ANHA) y en municipios en riesgo de despoblación.
Por otro lado, la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, ha destacado que esta normativa también propone que la nueva vivienda protegida no pierda su función social con el paso del tiempo, es decir, que “mantenga la calificación permanente para empezar a revertir la pérdida de vivienda asequible de las últimas décadas en la Comunidad Valenciana”.
Con respecto al régimen de uso y acceso a las VPP, la nueva normativa regula que tendrá que ser domicilio habitual y permanente y las personas usuarias ser solo personas físicas, inscritas en el registro de demandantes de la Comunidad Valenciana. Las personas jurídicas podrán acceder siempre que las destinen al arrendamiento o se trate de entidades sin ánimo de lucro. Otras novedades se centran en la agilización en el procedimiento de calificación y la revisión y unificación de la normativa sobre el régimen jurídico de la promoción pública y del patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat.
El objetivo es aprobar la nueva normativa durante este año.
Precios máximos de venta y renta
Por otro lado, el texto expuesto a información pública establece un nuevo sistema de fijación de precios máximos de venta y renta para una única zona en toda la Comunidad Valenciana. Un sistema establecido de forma objetiva mediante referencias e indicadores oficiales con base en estudios técnicos. Los precios podrán ser actualizables, al alza o a la baja, en función de la evolución de los costes de ejecución material, tomando como referencia los datos del Módulo Básico de Edificación del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE).
El precio máximo de venta (PMV) se prevé siempre por debajo de los precios de mercado de vivienda libre. Para la promoción privada se plantea en 2.200 euros/m² de superficie útil, y para la promoción pública en el 85% del PMV anterior, esto es 1.870 euros/metro² de superficie útil.
Respecto de los precios máximos de renta (RMV), el borrador propone su adecuación a distintos niveles de renta en función del IPREM de las unidades de convivencia, incluidos los gastos de comunidad ordinarios repercutibles, con el objetivo de que no suponga un esfuerzo económico mayor del 25% de sus ingresos.
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