La Comunidad de Madrid ultima una nueva modificación de la Ley del Suelo, tras la aprobada el año pasado. Así lo acaba de anunciar la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, en la inauguración del XXIII Foro Inmobiliario de Directores de Suelo y Urbanismo, donde ha explicado que “tras los excelentes resultados” de la reforma puntual que se hizo en el 2020, “hablamos ahora de una norma más ambiciosa y liberalizadora con el objetivo de seguir avanzando en la reactivación económica de la región”.
En esa línea, ha recordado que el Gobierno autonómico ya ha licitado el 50% de las 191 parcelas públicas de uso residencial, terciario, comercial e industrial incluidas en la estrategia regional para reactivar la economía y atraer proyectos innovadores.
En el encuentro organizado por CESINE y la revista Metros2, la consejera madrileña ha avanzado algunos de los cambios que se van a introducir en la normativa. “Vamos a establecer un mayor equilibrio entre los beneficios y las cargas a los que hace frente el promotor, ajustando estas últimas para facilitar la competitividad y la atracción de inversiones”, ha destacado Martín. Del mismo modo, el Gobierno estudia adaptar la Ley de Suelo regional a la estatal en lo referente a las actuaciones de transformación urbanística, para evitar interpretaciones divergentes de la legislación aplicable que conlleven cualquier tipo de contratiempo.
La titular de Vivienda del Ejecutivo madrileño ha indicado que otra de las medidas que se quiere introducir es la posibilidad de realizar transferencias de aprovechamiento en suelo urbano consolidado: “permitirá una nueva forma de hacer ciudad, facilitando que aquellos espacios que no se han podido materializar puedan hacerse realidad generando riqueza, inversión y empleo”, ha explicado Martín, añadiendo que “también ampliaremos los fines de los Patrimonios Públicos de Suelo con el objetivo de facilitar su utilización para la reactivación económica”. Así los ayuntamientos podrán desde levantar viviendas de protección pública hasta construir infraestructuras públicas o privadas de interés social.
En este sentido, el Ejecutivo regional plantea reformas legales para que las localidades con mayor población puedan aprobar sus modificaciones. “Establecerá un mayor marco de actuación a los planes especiales, lo que supondrá una reducción de plazos de entre cuatro y seis meses”, ha declarado Martín.
Nuevos desarrollos urbanísticos
Junto a la reforma de la Ley del Suelo y el impulso por ampliar la oferta de parcelas públicas, el Gobierno regional sigue trabajando en el avance de los consorcios urbanísticos, tanto residenciales como tecnológicos, al igual que en la colaboración público-privada a través de la participación de la Comunidad de Madrid en las juntas de compensación de los nuevos desarrollos.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura se ha referido también a Madrid Nuevo Norte, “probablemente el proyecto de transformación urbana más importante de los que ahora se están acometiendo en Europa”, que en su opinión “va a tener una repercusión sin igual en la economía regional y nacional”. “La Comunidad de Madrid no es solo el motor económico de España, sino también la región más atractiva para la inversión inmobiliaria y la mejor contribución que puede hacer al conjunto del país es mantener contra viento y marea esta situación”, ha concluido.
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