La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de los jóvenes de la región 1.200 nuevas viviendas industrializadas de 70 metros cuadrados, con un alquiler mensual inferior a 600 euros, en los municipios de Madrid, Alcorcón, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha anunciado este nuevo Plan Solución Joven como una iniciativa que arrancará en 2023 con la nueva legislatura para facilitar la emancipación a los menores de 35 años.
Martín ha avanzado que las promociones se edificarán sobre suelo público y contarán con inversión privada. Además, se realizarán con las últimas técnicas de construcción industrializada con las que, a través de la tecnología, se elaboran todos los componentes estructurales en una fábrica para ser montados posteriormente en su emplazamiento definitivo. Este proceso, más respetuoso con el medio ambiente, permite disminuir costes y plazos, ya que reduce el consumo de agua y energía y facilita el aprovechamiento de los materiales, lo que supone una mayor eficiencia energética y una disminución de los residuos generados.
“En la Comunidad de Madrid tenemos muy claro que hacen falta políticas activas, eficaces e incentivadoras, que ayuden a incrementar la oferta de vivienda, que es la única forma de contener realmente su precio. Al mismo tiempo, trabajamos para eliminar trabas burocráticas y fiscales, y dar más flexibilidad al tejido productivo con el objetivo de que nuestra economía siga creciendo”, ha señalado la consejera.
Esta nueva iniciativa se sumará a las que ya está desarrollando el Gobierno regional en esta materia como el Plan Vive, donde la Administración autonómica pone suelo a disposición de los operadores, que son los que invierten en la construcción y gestión de las promociones, y los madrileños se benefician de alquileres hasta un 40% por debajo del precio del mercado. Una vez finalizada la concesión, revierten a patrimonio público. En esta primera fase se van a empezar a construir en las próximas semanas 5.400 pisos en diez municipios de la región.
Seguridad en viviendas para personas con escasos recursos
El Ejecutivo autonómico también está aplicando acciones para proteger a los más de 25.000 inmuebles para personas con escasos recursos, que gestiona a través la Agencia de la Vivienda Social (AVS). En ese sentido, lidera la oferta en España para personas en situación de vulnerabilidad, ya que uno de cada seis pisos construidos a nivel nacional para este fin se localizan en la región.
Martín ha destacado que “desde la Comunidad de Madrid invertimos cinco millones de euros al año en medidas de vigilancia y seguridad para estas viviendas y acabamos de firmar un protocolo de actuación con una de las empresas suministradoras de energía para evitar los enganches ilegales en nuestras promociones con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias que allí viven”. Además de trabajar para erradicar estas actuaciones que afectan a las personas y deterioran los inmuebles, se van a realizar campañas de promoción de contratación de suministros y a facilitar el acceso y la tramitación de bonos sociales para las familias en situación de extrema vulnerabilidad.
Además, la consejera ha señalado que “en Madrid los okupas no van a encontrar ninguna facilidad”. Aunque en lo que va de año este fenómeno ilegal en la región ha caído un 14,33%. Asimismo, en la Ley Ómnibus, que se encuentra en tramitación parlamentaria, Martín ha informado que se han introducido modificaciones en el régimen del alquiler de viviendas sociales para impedir que se utilicen procedimientos de regularización que las dilaten. Desde 2019 se han recuperado cerca de 500 pisos de la AVS que habían sido okupados.
Propuestas energéticas
Finalmente, Martín ha recordado que ya ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con una serie de propuestas que puede aplicar el Gobierno central orientadas a abaratar la factura energética. Entre las medidas a adoptar destacan aquellas fiscales orientadas a refundar hasta ocho impuestos nacionales en uno, así como la solicitud a la Unión Europea de la suspensión temporal e inmediata del impuesto al CO2 y del de hidrocarburos.
En el escrito también solicita que se eliminen las subvenciones que no estén vinculadas a la generación de electricidad y que se traspasen los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, así como el déficit de tarifa a los Presupuestos Generales del Estado, y que se abra el debate de la nuclear y se aborde el proceso de prolongación de su vida útil, al ser una energía más verde y menos contaminante.
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