La Comunidad de Madrid licitará antes de agosto 1.137 viviendas con alquileres a precios asequibles correspondientes a un segundo lote del Plan Vive. Así lo ha adelantado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, durante la celebración de la II Gran Jornada Inmobiliaria, organizada por el diario El Economista, encuentro en el que se aborda el papel que cumple este sector como motor económico en España.
Las nuevas viviendas que se ofrecen a través de este proyecto pionero regional se ubicarán en Boadilla del Monte (524), Pinto (400) y Colmenar Viejo (213). Martín ha señalado que el Plan Vive “es un referente de gestión y colaboración público-privada donde la Administración autonómica pone suelo a disposición de los operadores, que son los que invierten en la construcción y gestión, y los madrileños se benefician de alquileres hasta un 40% por debajo del precio del mercado. Una vez finalizada la concesión, revierten a patrimonio público”. También ha informado de que en las próximas semanas arrancarán las obras de los primeros 5.400 pisos de este Plan.
La inversión inmobiliaria, motor económico
Durante los dos días que dura el foro se celebrarán seis mesas de debate en las que más de medio centenar de altos directivos de las principales compañías del sector debatirán sobre la gestión profesional del alquiler, la regeneración urbana o los nuevos diseños de ciudades, entre otros asuntos. En la inauguración, la consejera ha destacado que “la inversión inmobiliaria es clave para la creación de riqueza y empleo en nuestro país”. “Contamos con un sector puntero que aporta el 14% del PIB y del empleo regional, que se ha profesionalizado y modernizado como pocos en los últimos tiempos”, ha añadido.
En esa línea, Martín ha recordado que la Comunidad de Madrid concentra el 67% de la inversión residencial total de toda España, recibe el 77% de la extranjera y construye más del 50% de toda la vivienda protegida del país.
Asimismo, la consejera madrileña ha resaltado el cumplimiento del compromiso del Ejecutivo autonómico con el tejido productivo, con el proyecto de Ley Ómnibus, que pretende simplificar trámites, eliminar duplicidades y permitir una respuesta pública más rápida a muchas de las necesidades que plantea actualmente esta actividad.
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