Actualmente, los jóvenes nos enfrentamos a un grave problema de acceso a la vivienda. Por un lado, nos vemos casi obligados a vivir en las llamadas zonas tensionadas, ya que, en primer lugar, es donde más puestos de trabajo se crean, y en segundo lugar, no todos podemos disponer de vehículo propio para movernos entre el centro de la ciudad y el extrarradio, que a menudo no cuenta con un transporte público de calidad.
Según el último informe de Fotocasa ‘Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2021’, las personas de entre 18 y 34 años eligen la opción del alquiler al no contar con una situación económica que les permita acceder al mercado de compra.
Cabe mencionar que, dentro de los países de la OCDE, España es el país que mantiene una tasa de paro más elevada, que representa el 38,8% entre los menores de 25 años. Una de las principales medidas de la Ley de Vivienda para ayudar a los jóvenes a acceder al alquiler, ha sido la propuesta del bono joven, una ayuda de 250 euros al mes para el alquiler, durante un máximo de dos años, que pretende ayudar a los jóvenes de entre 18 y 35 años en el proceso de emancipación.
Esta medida en sí misma no es lo suficientemente potente, ya que tan sólo llegará un pequeño porcentaje de la población joven, en concreto a un 10% de los que actualmente viven de alquiler. Sin embargo es cierto, que, acompañada de otras medidas como por ejemplo reservar el 30% de los nuevos inmuebles que se construyan para viviendas protegidas y de ese 30%, la mitad sea destinado a alquiler social, hace que la propuesta del Gobierno se muestre más ambiciosa.
La Ley de Vivienda también abarca el límite del alquiler, para proteger no sólo a los jóvenes sino a todos los inquilinos de manera generalizada, que establece un tope del 2% a estas subidas, que el Consejo de Ministros prorrogó a 2023. Ahora, conforme a los acuerdos alcanzados, este límite se situará en el 3% en 2024 y, a partir de 2025, se empleará un índice de nueva creación cuyo cálculo no está claro todavía, según explican fuentes de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
La Ley de Vivienda ha sido clara en su intención de ayudar a los jóvenes en su emancipación, pero todavía queda demostrar que va a ser de real beneficio para las personas más vulnerables. Esta Ley de Vivienda no ha tenido buena acogida por parte de promotoras y pequeños y grandes inversores y ha despertado incredulidad entre los más jóvenes, que no saben si realmente responderá al problema que representa el acceso a la vivienda.
Cabe añadir que España se encuentra a la cola de los países europeos en cuanto a vivienda social, habiendo realizado un esfuerzo en vivienda social en propiedad pero no en alquiler. España se muestra lejos de nuestros vecinos de Europa con tan sólo un 2,5% de vivienda social, frente al 30% de Países Bajos, el 24% de Austria o incluso el 17% de Francia.
Queda esperar la aprobación definitiva del Plan de Vivienda, en el cual nos mostrarán detalles sobre qué zonas se van a considerar tensionadas, cómo lo van a gestionar con las CCAA y los ayuntamientos, cómo se va a manejar con aquellos que tienen viviendas vacías y un largo etcétera. La Ley de Vivienda propone abordar problemas sociales pero las soluciones no están implantadas y quedan muchas preguntas sin respuestas, que sólo el tiempo podrá despejar.
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