Las consejeras de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, han firmado un protocolo de colaboración que permitirá impulsar y agilizar la tramitación de las ayudas al alquiler a las víctimas de violencia de género, personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad. El protocolo permitirá, entre otras cuestiones, que los servicios sociales presenten sus informes por vía telemática o que se ofrezca asesoramiento a los interesados para obtener estas ayudas.
Marifrán Carazo ha destacado que este protocolo se firma en base a la crítica situación generada por la pandemia COVID-19, y que se convocaron ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para facilitar una solución habitacional a los colectivos más vulnerables: “Destinamos 12,3 millones de euros para estas ayudas que, por primera vez, establecen una línea de colaboración con las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la vivienda. De esta forma contribuimos no sólo a atender la situación generada por la pandemia, sino a poner en marcha una Red de Vivienda del Tercer Sector destinada a paliar las situaciones de emergencia habitacional”, ha subrayado la consejera de Fomento.
Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido que “el Gobierno andaluz está volcado en atender el aumento de las necesidades sociales de las familias y grupos en situación de vulnerabilidad y exclusión social ante la crisis social como consecuencia de la pandemia de Covid-19, garantizando las prestaciones y servicios públicos esenciales”.
La Orden de 1 de septiembre estableció dos líneas de ayudas con una cuantía de 6,15 millones de euros cada una: la línea 1 atiende directamente al pago del alquiler de la vivienda habitual de los solicitantes, en la que se podrán abonar 12 meses consecutivos completos y puede alcanzar a unas 1.600 familias. La segunda línea va dirigida a administraciones, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro que faciliten una solución habitacional a estos colectivos de especial protección y supondrá el pago del alquiler durante un periodo de dos años (del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021). Se estima que se resuelvan 355 ayudas aproximadamente, con una previsión de 25 viviendas de media por entidad.
A partir de este protocolo las consejerías de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación pondrán en marcha una serie de actuaciones. La primera de ellas hará que los trabajadores sociales autonómicos o locales puedan presentar las solicitudes en el Registro Electrónico de la Junta, sus informes favorables a la concesión de la ayuda y la acreditación de la identidad de la persona representante por vía telemática.
Además, se dará difusión a estas ayudas a través de las respectivas webs de las consejerías mientras que en las respectivas delegaciones territoriales se facilitará toda la información disponible de estas ayudas a todos los interesados, así como a los servicios sociales comunitarios y locales dependientes de los ayuntamientos y las organizaciones sociales integrantes del tercer sector. El protocolo estará vigente hasta la finalización de la tramitación de las ayudas y durante este tiempo contará con una comisión de seguimiento que resolverá los problemas y dudas de interpretación y cumplimiento que pudieran derivarse de su aplicación.
Redactora en Por metro cuadrado
