En plena pugna por la aprobación de la modificación de la Ley de Vivienda, el Pleno Congreso de los Diputados sometió ayer a votación la Proposición de Ley presentada por el Parlamento de las Islas Baleares que modifica la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y que fue finalmente rechazada por 270 votos en contra.
La iniciativa proponía la modificación de los artículos 10 y 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (en adelante “LAU”), en particular:
- La modificación del artículo 10 de la LAU sobre la prórroga del contrato de arrendamiento pretendía que, en aquellas viviendas en alquiler situadas en zona de mercado residencial tensionado, siempre y cuando ninguna de las partes hubiesen notificado la voluntad de no renovarlo, los contratos pudiesen prorrogarse anualmente, de forma tácita, por un periodo máximo de tres (3) años, con la correspondiente sujeción de las partes a las condiciones establecidas en el contrato vigente;
- En lo relativo a modificación del artículo 17 de la LAU, el objetivo era el de dotar de capacidad normativa de los Gobiernos autonómicos para establecer regímenes especiales de contención o moderación de las rentas de las viviendas arrendadas en zonas que se encuentren tensionadas.
Asimismo, la Proposición de Ley contemplaba la necesidad de elaborar una memoria justificativa de las zonas que habrán de calificarse como tensionadas, un régimen sancionador para aquellos que no se ajustasen al precio establecido y un sistema de resolución extrajudicial de conflictos entre arrendadores y arrendatarios.
Finalmente, la Proposición no ha salido adelante, considerando el grupo parlamentario socialista que la única vía para controlar el precio del alquiler es mediante la Ley de la Vivienda, todavía en proceso de tramitación.
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