WIRES (Women in Real Estate Spain) celebró ayer su primer encuentro del año: ‘Ley Ómnibus: palanca clave para la activación económica de Madrid’ para analizar las modificaciones más importantes de la ley aprobada por la Comunidad de Madrid que afectan directamente a la legislación urbanística de la Comunidad. El auditorio Pérez-Llorca acogió esta cita en la que han participado Paloma Martín, consejera de Vivienda, Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid; Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA; Adolfo Ramírez-Escudero, CEO de CBRE España; y Laura Fernández, General Counsel de Aliseda Inmobiliaria, bajo la moderación de Carmen Panadero, presidente de WIRES.
Novedades de la nueva ley
Paloma Martín abrió la jornada compartiendo con los asistentes lo que supone la nueva Ley Ómnibus para el sector inmobiliario. “El objetivo y fin último de esta normativa es facilitar el acceso a la vivienda”. La consejera señaló que el impulso de esta ley significa profundizar en un modelo que agiliza procesos, flexibiliza suelos y trámites, incrementa la seguridad jurídica, mejora la burocracia e incrementa la oferta facilitando la regeneración urbana. Asimismo, “favorece la atracción de inversión y la generación de empleo, haciendo a Madrid muy competitiva”.
En cuanto a la seguridad jurídica, ha expuesto que se dota de ella a los expedientes evitando anulaciones como la operación Mahou Calderón o Santiago Bernabéu. Lo que implica que empresas y promotores tendrán mayores oportunidades de acceder a más suelos, facilita que las empresas hagan viables operaciones en suelo urbano aprovechando excedentes. Al tiempo, la Ley Ómnibus también ha flexibilizado actuaciones en suelo rústico. “Esta ley también supone más colaboración publico-privada entre ayuntamientos y entidades urbanísticas para la gestión de licencias y declaraciones responsables, lo que reducirá las demoras que lastran el desarrollo económico”, concluyó la consejera.
La Ley Ómnibus no podía olvidar modificaciones en materia de medio ambiente como la eliminación de la evaluación ambiental o los estudios de detalle. Asimismo, expuso que ha sido una ley que ha escuchado a todos los actores e incorporado sus sugerencias, y tendrá un reflejo inmediato en los nuevos desarrollos como Madrid Nuevo Norte.
Más oferta, colaboración público-privada y materialización de la normativa
El debate versó sobre lo que representa esta nueva ley para el sector inmobiliario madrileño. Ramírez-Escudero lo abrió reseñando la necesidad real existente de la agilización para incrementar la oferta. “El déficit crónico de vivienda retrasa el progreso de nuestras sociedades, es importante ese enfoque de la ley”. Laura Fernández, con su doble rol, compartió también la perspectiva positiva de la agilización para el incremento de la puesta en marcha de vivienda, reseñando la seguridad jurídica.
Carolina Roca, por su parte, ve el camino de legislar escuchando al sector como la forma efectiva de avanzar en el propósito de favorecer al sector inmobiliario. Insistió también en la confianza en la colaboración público–privada. En relación a ello, la consejera profundizó en tres ejemplos claros: el Plan Vive; la iniciativa orientada a la compra de vivienda para los más jóvenes, Mi Primera Vivienda; y la reforma que hace que las entidades urbanísticas vayan a poder operar en toda la Comunidad.
A este respecto, Roca celebró el éxito del Plan Vive por la necesidad de dar salida a los suelos que facilita, al tiempo que apunta la necesidad de escalar la producción de vivienda asequible, dando cabida a la vivienda social privada. Ramírez-Escudero añadió la realidad de no olvidar la rehabilitación sobre producto ya construido. Fernández apuntó que la visión tiene que ser a largo plazo, y que es necesario pensar en la vivienda de reposición en paralelo. En cuanto a la materialización de la normativa, Martín deja en manos de los ayuntamientos este punto.
De cara a futuro, este se presenta optimista. Así lo señaló la consejera: “Estamos trabajando en la reforma de la ley del suelo”. Y no olvida la necesidad de rehabilitación para la puesta en alquiler de un gran número de viviendas. Para Roca, el futuro reside en que esta Ley Ómnibus sea el inicio del cambio de paradigma que debe continuar para lograr el cambio de la ley del suelo. Según Ramírez-Escudero, el futuro es la seguridad jurídica y atender a los usos. Por último, Fernández apuesta por cuidar a los propietarios para tener un sector profesionalizado, y que se siga escuchando al sector.
Vivienda pública en suelo dotacional en desuso
La Comunidad de Madrid permitirá a los ayuntamientos de la región construir vivienda pública en suelo público dotacional en desuso para su posterior alquiler sin necesidad de realizar antes una modificación del planeamiento urbano local. La nueva norma hace posible que los consistorios con parcelas públicas de suelo calificado como equipamiento o dotacional, que no han cumplido su destino ni lo van a cumplir y se convierten en un vacío urbano, tengan esta posibilidad de actuación, una medida que servirá para luchar contra el éxodo de la población joven en pequeños municipios.
El Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, informará a los 179 consistorios de la región sobre las nuevas posibilidades que ofrece la Ley Ómnibus, fundamentalmente en ahorro de tiempo y recursos humanos. La nueva normativa también dota a los municipios con más de 15.000 habitantes de mayores competencias para la aprobación de modificaciones o correcciones a su planeamiento (que hasta ahora requerían modificación del Plan General). Estos tendrán la opción de hacerlo mediante planes especiales, sin que la Comunidad de Madrid tenga que dar el visto bueno definitivo como ocurría hasta ahora. Esta medida supone una reducción de seis meses en los plazos de tramitación, agilizando la implantación de actividades, desarrollos urbanos e inversiones.
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