Con la llegada de la pandemia a nuestras vidas, todo cambió. No solo en nuestro día a día, sino en todos los sectores de la economía. En el caso concreto de la vivienda y la propiedad, los profesionales de la abogacía hemos presenciado como los legisladores autonómicos y nacionales introducían, de forma constante, modificaciones sobre toda normativa antes escrita.
La mayoría de estos cambios tenían como objetivo orientar el concepto de propiedad hacia una vertiente más social. Este objetivo, por sí mismo, no tiene nada de malo, pero no podemos olvidar que el fin no justifica bajo ningún concepto los medios, y mucho menos cuando estos contribuyen a la creación de un clima de incertidumbre e inseguridad jurídica tan peligroso para el sector.
Una de las grandes consecuencias que nos hemos encontrado a raíz de esta problemática ha sido la clara disminución de la oferta de alquiler. ¿El motivo? Muy claro. Los propietarios, ante una legislación tan cambiante, buscan vender sus inmuebles a toda costa en busca de seguridad.
Una de las medidas “estrella” que más fuerza ha tomado en todo este tiempo es la limitación del precio del alquiler. Tomando como referencia el caso más cercano (el de Cataluña), vemos cómo esta no contribuía en absoluto a la mejora de calidad de la vivienda digna, pues esta es una responsabilidad del Gobierno y la Administración, y no de ningún particular. Para más inri, si echamos un vistazo al sector podemos observar cómo el mercado, por sí mismo, ya se encarga de imponer el precio de cada zona, por lo que eliminar toda libertad del mercado no hace sino generar más problemas.
Una Justicia cada vez más colapsada
Todos estos vaivenes, en su mayoría prescindibles y fruto de actuar a golpe de promesa y sin conocimiento alguno de la norma, han provocado que el Tribunal Constitucional (TC) haya adquirido un protagonismo atípico, con pronunciamientos constantes, casi a diario. De este modo, todas las partes que convergen en el inmobiliario español, así como sus reguladores, han de consultar constantemente el Boletín Oficial del Estado (BOE) ante una normativa cambiante que, de nuevo, no hace más que avivar la inseguridad jurídica en torno a la vivienda en nuestro país.
En tan solo dos años han entrado en vigor hasta 11 reales decretos diferentes que incluían, en su totalidad, algún tipo de medida relacionada con los contratos de arrendamiento. Los profesionales de abogacía, así como millones de propietarios, observamos cómo el Gobierno y las Cortes presentan a diario normativas de dudosa constitucionalidad. La sensación que nos trasladan es que no les preocupa que se produzcan este tipo de situaciones tan perjudiciales para la estabilidad de un sector de tal importancia para la economía española como el inmobiliario. Basta mencionar la Ley Catalana 1/2022 de 3 de marzo que reproduce totalmente el Decreto-ley 17/2019 que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
«Los propietarios, ante una legislación tan cambiante, buscan vender sus inmuebles a toda costa en busca de seguridad«.
Las afectaciones de la propiedad llegan a extremos dantescos, con casos como reales decretos promovidos para trabajadores autónomos y damnificados por el desastre del volcán Cumbre Vieja en la Isla de la Palma que incluyen, sin motivo aparente, la suspensión de procedimientos judiciales hasta el 30 septiembre de este mismo año. No terminamos de entender cuál es la relación, pues si nuestros juzgados ya funcionan a duras penas por la excesiva carga de trabajo de los magistrados, esto no hace más que mermar todavía más a nuestro sistema jurídico.
La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda
Sin embargo, si tenemos que destacar un aspecto que ha causado fuertes divisiones incluso dentro de las Cortes y que, todavía a día de hoy sigue en el foco del debate, esa es la propuesta de ley por el derecho a la vivienda.
Si bien cuenta con algunos aspectos positivos, como la limitación de la venta y la obligación de la conservación del parque de vivienda público, sus múltiples imprecisiones jurídicas y vulgarismos no son sino otro ejemplo de la falta de conocimiento legislativo de los gobernantes. Junto a esto, el texto pone de manifiesto el intervencionismo que se quiere practicar por parte del Gobierno, pues pone en duda la aplicación de normativa previa ya existente en algunas Comunidades Autónomas y crea un conflicto de aplicación claro que no va a traer más que inestabilidad y un aumento de la litigiosidad, al aplicar cada parte la norma que más le convenga, ya sea la autonómica o la propuesta por el Gobierno central.
En definitiva, y pese a que vislumbra un futuro repleto de incertidumbre, debemos recordar que todavía estamos a tiempo de actuar y evitar que esta situación se extienda en el tiempo y sus efectos negativos arrastren a la economía española. Para conseguirlo, los legisladores deberán tener en cuenta la realidad jurídica y económica y legislar con conocimiento de causa sin esperar a que el Constitucional venga a rectificar su mala praxis. En caso contrario, seguiremos sumidos en un clima de inseguridad insano en el que nos levantaremos cada día sin saber qué nos vamos a encontrar y qué es lo que se le va a ocurrir al Gobierno.
Abogada y socia de Círculo Legal
