Isabel Rodríguez, Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, detalló ayer en el Senado que, de las 184.000 viviendas comprometidas por el Gobierno, ya se han establecido acuerdos con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la construcción de más de 22.000 viviendas de alquiler asequible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), superando la proyección global inicial de 20.000 hasta 2026.
Durante su comparecencia, Rodríguez destacó que continúan cumpliendo con los objetivos establecidos y anticipó que este martes se firmarán convenios adicionales con 10 comunidades autónomas para la edificación de 3.233 viviendas de alquiler social. Esto sitúa la cifra total en torno a las 25.000 viviendas en diversas fases de desarrollo, con una inversión cercana a los mil millones de euros.
Fondos europeos para las CCAA
Rodríguez, ha recordado también que dentro del marco del Plan de Recuperación se han asignado casi 3.500 millones de euros a las Comunidades Autónomas. A esto se suman los 430 millones cuyo reparto se acordó en la Conferencia Sectorial del pasado enero y que se ratificarán en el Consejo de Ministros de este martes. En total, se destinarán cerca de 4.000 millones del PRTR para la rehabilitación y vivienda asequible, sumados a los 600 millones del Plan de Rehabilitación de Edificios conveniado con los Ayuntamientos.
Beneficios fiscales para los propietarios
Después de mencionar la implementación del Índice de Precios de Referencia para todo el territorio nacional y la designación de 140 municipios de Cataluña como zonas tensionadas, la ministra también hizo un llamamiento a la responsabilidad de todas las administraciones, instando a los ayuntamientos a solicitar a sus respectivas Comunidades Autónomas la declaración de zonas tensionadas, y a estas últimas a activar dicha declaración.
Esta medida, explicó, permitirá que el Índice se aplique y que los ciudadanos se beneficien de un instrumento que puede mitigar la carga de pagar el alquiler en áreas donde los precios están inflados por diversas razones. En las Comunidades Autónomas que opten por no declarar las zonas de mercado residencial tensionadas, los arrendatarios aún podrán usar este índice para determinar el precio máximo que deberían pagar en su alquiler.
La aplicación del índice no solo favorecerá a los arrendadores, sino que también contempla beneficios fiscales para los propietarios. Estos podrán beneficiarse de deducciones en la declaración del IRPF de hasta el 90% si reducen un 5% el precio del alquiler respecto al contrato anterior. Esto significa que si el propietario disminuye el precio del alquiler en una zona tensionada, podría obtener mayores rendimientos netos que si no lo hiciera.
Colaboración público-privada
La ministra también ha reiterado su propuesta de establecer una ‘Alianza de país’ para abordar el problema del acceso a la vivienda. Ha enfatizado la importancia de reforzar la oferta de vivienda asequible a través de colaboraciones público-privadas que faciliten la movilización de viviendas desocupadas hacia el alquiler asequible. El Gobierno se compromete a trabajar en esta dirección para promover el cumplimiento de la función social de la vivienda, otorgando un papel destacado al tercer sector en esta colaboración.
Avales y préstamos
“Próximamente quedarán definitivamente aprobados por el Consejo de Ministros, y listos para firmar con el ICO dos líneas que suponen un esfuerzo total de 8.500 millones de euros”. Una línea de avales de hasta el 25% dirigida a jóvenes y familias con menores a su cargo para la cobertura parcial por parte de los préstamos hipotecarios, por un importe de hasta 2.500 millones de euros.
Y otra línea de préstamos para la promoción de vivienda asequible, especialmente en fórmulas de colaboración público-privadas, herramienta imprescindible para movilizar financiación a precio más reducido que el del mercado por la que ya se han interesado 34 promotores.
En total, 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación. Esos 4.000 millones van avalados al 50%, lo que supone otros 2.000 millones.
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