El Pleno del Consell ha aprobado el Reglamento de Vivienda de Protección Pública (VPP) y régimen jurídico de patrimonio de vivienda y suelo de la Generalitat.
Su objetivo es la simplificación normativa vigente hasta ahora en un único documento que regula tanto la promoción privada como la pública, además de la gestión del patrimonio público de viviendas y suelo de la Generalitat.
Asimismo, la nueva norma busca hacer frente a la persistente escasez de oferta de vivienda asequible en la Comunitat Valenciana y frenar los efectos que la inflación y la subida de los tipos de interés están teniendo en el sector inmobiliario de la Comunitat Valenciana, además de los producidos por el conflicto bélico de Ucrania, que ha provocado el aumento del precio de los costes de material.
Además, el procedimiento regula la distinción entre la promoción pública y la promoción privada y sistematiza cada uno de los regímenes a lo largo de la norma.
El nuevo reglamento se divide en siete títulos (título preliminar y seis títulos más), once disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una derogativa y una final.
Novedades de la norma
Una de las principales novedades que aporta la normativa es el carácter permanente de la calificación de las VPP. Con ello se pretende tratar de frenar la especulación en este tipo de viviendas.
Asimismo, se recoge el permiso del acceso a la propiedad de personas jurídicas, siempre que se produzca el destino a arrendamiento o cesión de uso de viviendas que deberán ocuparse por personas físicas que cumplan los requisitos para acceder al alquiler de ellas, además de la excepcionalidad de mantener la propiedad de una única vivienda de protección pública, de modo transitorio, en los casos de necesidad por cambio de domicilio y vinculado a obtener la calificación permanente si la vivienda no la tiene.
Otra de las novedades es la fijación de los precios máximos de venta, renta y cesión de uso con arreglo a la realidad socioeconómica actual y según indicadores oficiales.
Así, el precio máximo de venta de referencia se establece en el momento de aprobación de esta norma en toda la Comunitat Valenciana y se sitúa por debajo de los precios de mercado de la vivienda libre extraídos del Consejo General del Notariado, con posibles actualizaciones en base a los costes de ejecución material, según referencia anual del Módulo Básico de Edificación (MBE) del IVE.
Por su parte, el precio máximo del alquiler se calcula en base a las diferentes escalas de ingresos de la unidad de convivencia e incluirá los gastos de comunidad ordinarios.
Además, se ha unificado la normativa sobre gestión de inmuebles de promoción pública y del patrimonio público de la Generalitat, incluyéndose la regulación referente a la gestión de los inmuebles, precios de venta, renta y cesión de uso, conservación, medidas de regularización, recuperación de la titularidad o disponibilidad de viviendas y régimen de otro tipo de inmuebles. Se persigue lograr así la simplificación normativa y la seguridad jurídica.
En lo que se refiere a los procedimientos de calificación de viviendas, se trata en varios títulos del texto normativo sobre la promoción pública y privada, con la implementación para ambos casos de medidas que permitan la agilización de estos procedimientos.
El reglamento también regula la posibilidad de reserva de hasta un 100% de las viviendas de promociones privadas destinadas a régimen de venta por necesidades de carácter social para su adquisición por la administración en municipios de Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) o en riesgo de despoblación.
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