La Comunidad de Madrid ha incrementado significativamente la oferta de vivienda protegida en la región tras la actualización de los precios máximos de venta y alquiler de este tipo de inmuebles. Esta medida, aplicada en 2024, ha dado lugar a un aumento considerable de las solicitudes de calificación provisional, que han pasado de 1.854 en 2023 a 12.648 en el último año, según ha informado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.
El consejero ha hecho estas declaraciones durante una visita a una promoción de viviendas de alquiler asequible en el barrio del Ensanche de Vallecas, en Madrid capital. Durante su intervención, ha subrayado que esta tendencia continúa en 2025, con un total de 2.442 nuevas solicitudes registradas hasta abril. Esta cifra representa un crecimiento cercano al 50% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 1.661 solicitudes.
La revisión de los precios máximos ha tenido como objetivo adaptar los valores de venta y renta al contexto actual del mercado inmobiliario, marcado por el encarecimiento de los costes de construcción. Esta medida ha sido clave para incentivar el desarrollo de nuevas promociones de vivienda con protección pública, especialmente en zonas de la región con disponibilidad de suelo urbanizable.
El Plan Vive, una de las principales iniciativas del Gobierno autonómico en materia de vivienda, ha tenido un papel central en esta evolución. De acuerdo con los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, uno de cada tres inmuebles protegidos que se construyen en la región forma parte de este plan. Hasta la fecha, se han entregado 3.823 viviendas en ocho de los 21 municipios donde se está desarrollando el proyecto.
Además, recientemente se ha iniciado la licitación de 3.404 nuevas viviendas dentro del Plan Vive Solución Joven, destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a personas menores de 35 años. Esta línea del plan busca promover la emancipación de la población joven mediante el acceso a alquileres asequibles en viviendas con protección pública.
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