La Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, AVS, ha hecho público un comunicado, con ocasión de la aprobación inminente del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, así como de otras informaciones recientes relacionadas con la vivienda pública, social y asequible en alquiler. La asociación, cuyos miembros gestionan el mayor parque público de viviendas en alquiler en España (350.000 unidades), muestra, en primer lugar, su “apoyo firme a las medidas orientadas a favorecer el incremento del parque público de vivienda en alquiler”.
En relación con las viviendas de la SAREB, considera que “deberían ponerse sin coste alguno a disposición de las comunidades autónomas o ayuntamientos para alquiler social, en condiciones de habitabilidad y libres de ocupantes”. Sobre las medidas de intervención en el mercado del alquiler, el comunicado advierte de que “no puede desdeñarse el riesgo de contracción de la oferta de vivienda en alquiler,” así como la posibilidad de que derechos de superficie actualmente en licitación, procedentes de los fondos Next Generation, queden desiertos “por la aplicación de las medidas de tope de precios de alquiler”.
En relación con los desahucios, AVS señala que las medidas contenidas en el proyecto de ley “aumentarán la presión social sobre nuestras empresas para proporcionar vivienda pública a personas vulnerables, dificultando el paso a vivienda pública por carecer de viviendas disponibles para todos”. A juicio de la asociación, la paralización actual de desahucios y la impopularidad de las demandas por impago “incapacitan al gestor público para gestionar correctamente los incumplimientos graves y continuados de los deberes y obligaciones del inquilino, principalmente el pago de la renta y la convivencia vecinal”.
Una situación que contribuye “a la desvalorización progresiva del servicio público de vivienda, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, y provoca la frustración de la ciudadanía”. En este sentido, AVS aboga por “la consideración diferenciada de los gestores públicos de la de grandes tenedores a la que nos equipara la Ley de Vivienda, estableciendo a su vez un régimen jurídico particular de la vivienda pública en alquiler”, hecho que contribuiría a eludir los riesgos mencionados.
El comunicado concluye con la defensa de una correcta gestión profesional de la vivienda pública en alquiler, “que busca garantizar los derechos, pero también el cumplimiento de deberes y obligaciones, y que contribuya a incrementar la autonomía y la responsabilidad de las personas arrendatarias de las viviendas públicas”.
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