El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), junto con la Asociación de Promotores inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) y Forética, presentaron ayer la plataforma Madrid 50, una agrupación de carácter permanente para el desarrollo urbano sostenible de Madrid, participada por las tres administraciones y los principales desarrollos urbanísticos de la región.
La plataforma se articulará en torno a cuatro grandes ejes: vivienda, movilidad e infraestructuras, espacio público y dotacional y regeneración y rehabilitación, y tiene como objetivo abordar y resolver los desafíos comunes de los nuevos desarrollos urbanos.
Madrid 2050 celebrará un foro internacional anual en junio de 2025 dedicado al desarrollo urbano sostenible de Madrid. Este evento tiene como objetivo fortalecer tanto a la Comunidad de Madrid como a la capital, posicionándolos como líderes en la vanguardia urbana. Se enfocará en mejorar la gestión urbanística mediante la agilización y optimización de procesos y tramitaciones, además de promover la calidad arquitectónica y urbana.
Durante la presentación, Sigfrido Herráez, decano del COAM detalló que se trata de «una herramienta para hacer presión sobre los que influyen en el diseño del urbanismo madrileño y los nuevos desarrollos, para que respondan a las necesidades de confort, medioambientales y de sostenibilidad que demanda la situación actual y futura de la región; además de mejorar los tiempos de ejecución de los planteamientos; que sea de utilidad para que ese nicho de trabajo que representan los nuevos desarrollos para los arquitectos sea una realidad lo antes posible».
El decano subrayó la importancia que tiene esta plataforma para el COAM y señaló que, en su opinión, los arquitectos deben participar activamente en la toma de decisiones, velando, desde un punto de vista técnico, por una transformación urbana y un modelo de ciudad sostenible y de calidad del entorno que emane de la realización de concursos y de la aplicación de la Ley de Calidad de la Arquitectura que defiende la disciplina como Bien común de Interés General; colaborando con las administraciones y el resto de agentes del proceso constructivo, para amparar la profesión, agilizar la normativa y velar por los derechos de ciudadanos y la función pública de la arquitectura.
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