La Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV), que agrupa a gestoras de cooperativas de viviendas en España, ha presentado una batería de propuestas con el objetivo de contribuir a la redacción del nuevo Reglamento de Viviendas con Protección Pública en la Comunidad de Madrid. El documento recoge medidas centradas en aspectos económicos, técnicos y administrativos vinculados a potenciar el desarrollo de este tipo de promociones.
Entre las propuestas remitidas, de manera destacada, se encuentra la solicitud urgente de limitación del precio del suelo destinado a vivienda protegida. Según AGV, esta medida permitiría ajustar los costes del suelo a los precios máximos establecidos para la vivienda protegida y garantizar el equilibrio financiero de los proyectos.
Otras propuestas plantean la ampliación del plazo de calificación de las viviendas de 15 a 20 años, así como la posibilidad de actualizar el precio de las viviendas al módulo vigente en el momento de la Calificación Definitiva. La asociación señala que el tiempo transcurrido desde la Calificación Provisional hasta la entrega de las viviendas puede generar un desfase entre los costes reales y el precio final autorizado.
Asimismo, la AGV plantea permitir que las cooperativas de viviendas puedan desarrollar promociones de vivienda protegida destinadas al alquiler, actualmente excluidas por la normativa vigente.
AGV propone también una revisión de las condiciones de acceso a la vivienda protegida. Entre las medidas planteadas se incluye la eliminación del requisito de no ser titular de otra vivienda en casos como herencias, movilidad geográfica o necesidades familiares, así como la eliminación de los ingresos mínimos. La propuesta contempla igualmente la participación de personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro en determinados supuestos que permitan la viabilización de los proyectos.
Respecto a las reservas obligatorias de viviendas para familias numerosas y personas con discapacidad, la asociación plantea que, en ausencia de demanda en un plazo determinado, se habiliten mecanismos de exención para evitar retrasos en la financiación y agilizar la ejecución de las promociones.
El documento propone también la supresión del registro obligatorio de demandantes de vivienda protegida, al considerar que no contribuye a estructurar la demanda y que introduce retrasos en el desarrollo de los proyectos.
En el ámbito económico, AGV propone recuperar ayudas fiscales y subvenciones aplicables tanto a la construcción como a la adquisición de viviendas protegidas. Entre las medidas se incluyen exenciones fiscales, bonificaciones municipales y ayudas directas a promotores y compradores, así como una ayuda específica a la adquisición de la primera vivienda en cooperativa, destinada a los más jóvenes, desprotegidos ante las exigencias del mercado.
Finalmente, la asociación subraya la necesidad de combatir la burocracia, simplificar la tramitación administrativa, evitar duplicidades entre administraciones y avanzar en la digitalización de los procedimientos con el fin de reducir plazos y costes.
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