La regulación de los agentes de mediación inmobiliaria avanza gracias al esfuerzo y trabajo de los colectivos que los representa, principalmente las organizaciones profesionales, como colegios y asociaciones. Sin embargo, desde el sentir de los profesionales insistimos en la necesidad de alcanzar una normativa regulatoria de la actividad, que permita al consumidor tener la máxima garantía en las operaciones de compraventa de inmuebles, especialmente si se trata de la vivienda, como un bien protegido por nuestra Constitución, en su artículo 47.
Esta falta de desarrollo normativo ha llevado al propio sector a autoexigirnos unas medidas reguladoras orientadas a protegernos de las malas praxis que deterioran la imagen del conjunto de profesionales, y a los usuarios de estos servicios.
La nueva Ley de Vivienda, aprobada el pasado mes de mayo, no ha recogido, finalmente, una de las reivindicaciones más solicitadas por todos los colectivos inmobiliarios: la obligación de los profesionales del sector a inscribirse en un registro. Una regulación que solo se contempla con carácter obligatorio en Cataluña y en la Comunidad Valenciana y que es voluntario en otras autonomías.
El propio presidente del Consejo General de los Colegíos de API, Gerard Duelo, aludía a la nueva ley como una “oportunidad perdida”, término que compartimos, especialmente por no haber sido para los profesionales inmobiliarios el punto de partida de un nuevo marco de referencia para nuestra actividad.
Abrimos de nuevo el debate sobre la necesidad de una autorregulación que nos ayude a establecer unos estándares éticos y profesionales para los agentes inmobiliarios en España. Estos deberán basarse en principios y prácticas que mantengan la integridad del sector inmobiliario, garanticen la confianza de los consumidores, promuevan la transparencia y el respeto tanto para los clientes como a los propios compañeros de la profesión.
Muchas organizaciones profesionales y colegios de agentes inmobiliarios en España ya tienen códigos de conducta específicos, que sus miembros deben seguir para garantizar el cumplimiento de estos principios éticos. Además, ayudan a poner freno a la entrada en nuestro sector de agentes no profesionales. Destacamos los siguientes:
- Confidencialidad: los agentes deben respetar la información proporcionada por los clientes y no divulgarla sin autorización.
- Transparencia: deben proporcionar información completa y precisa sobre las propiedades, incluyendo cualquier defecto conocido o información relevante que pueda afectar a la decisión final del cliente.
- Honestidad: para actuar evitando cualquier situación que pueda ocasionar engaño o tergiversación de la información en una operación de compraventa.
- Formación y competencia profesional: actualizándose sobre las leyes y regulaciones que afecten al sector inmobiliario. Los profesionales cumplen un papel fundamental en las transacciones y deben ser los garantes de llevar a buen término los acuerdos legales entre compradores y vendedores, siendo la formación un pilar fundamental en la profesión.
- Ley y normativas: los agentes deben cumplir las regulaciones aplicables en el ejercicio de su profesión, incluyendo las relacionadas con la protección de datos, contratación, publicidad, etc.
- Respeto y equidad: proporcionando un trato justo a todos los clientes y otros agentes, sin discriminaciones u otros aspectos que estén protegidos por la ley.
- Digitalización y tecnología: una exigencia imparable para el sector es contar con profesionales inmobiliarios expertos en materia de digitalización, tecnología e IA que pueda aportar valor real a sus clientes, sin olvidar que ninguna herramienta podrá sustituir el trato personal, clave para nuestro sector, donde cada cliente es único y diferente.
Extender una regulación y contar con un registro obligatorio de agentes inmobiliarios podría ser un aspecto clave para aportar más garantías de calidad en el servicio, además de reforzar la seguridad en las operaciones de compraventa y alquiler.
Desde Comprarcasa defendemos siempre la transparencia en las operaciones. En este sentido, un registro público de agentes permitirá a cualquier ciudadano consultar la información sobre las personas en las que van a confiar sus operaciones inmobiliarias, con lo que las posibilidades de que ocurran estafas o fraudes se reducirán significativamente y nos ayudaría a mejorar nuestra imagen como los profesionales que somos.
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