La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, y han firmado un convenio para la ejecución del Plan Estatal de acceso a la Vivienda 2022-2025 en la Comunidad Valenciana que supondrá una inversión de 240,5 millones de euros.
El Plan Estatal de acceso a la Vivienda 2022-2025 cuenta con un presupuesto total para la Comunidad de 240.531.956 euros, de los que 164.502.000 euros serán aportación estatal y 76.029.956 de la Generalitat. Por lo que se refiere al ejercicio 2022, sumará 55.295.000 euros.
El vicepresidente ha mostrado su satisfacción ante este nuevo plan que “gana en ambición al anterior” por dos razones. La primera de ellas se debe a que “las crisis sociales superpuestas nos obligan a ser decididos en la implantación de políticas e inversiones que facilitan el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables”. La segunda razón hace referencia a la experiencia de estos años que “ayuda a definir mejor dónde invertimos y pensando en quién”.
En ese sentido ha declarado que el nuevo plan “profundiza en las políticas que plantean la vivienda como un derecho y no como un elemento más de mercado”. De ahí que la función social de la vivienda sea el “eje” que gobierna el conjunto del plan. Héctor Illueca ha destacado, además, el aumento de un 50% de la financiación disponible. Según ha detallado, “la aportación del Estado se mantiene en los 164 millones, pero la autonómica crece desde los 49 millones del anterior plan hasta los 76 del actual”.
Plan con más ayudas
El convenio firmado establece las pautas de colaboración y compromisos de ambas partes para ejecutar el plan en el ámbito de la Comunidad Valenciana. En ese sentido, Héctor Illueca ha destacado la ampliación de los conceptos que justifican actuaciones contempladas en él.
Entre estas actuaciones está el desarrollo del programa de ayuda al alquiler de vivienda; ayudas a las víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables; ayudas a inquilinos en situación de vulnerabilidad sobrevenida; y ayudas a jóvenes y para contribuir al reto demográfico.
El acuerdo también incluye un programa para incrementar el parque público de viviendas, fomentar las viviendas para personas mayores o con discapacidad, impulsar alojamientos temporales de modelos de cohabitatge, puesta a disposición de viviendas de la SAREB y entidades públicas para alquiler social; viviendas sociales para comunidades autónomas y ayuntamientos, programas de mejora de la accesibilidad, erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la infravivienda, y un programa de ayuda para el pago del seguro de protección de la renta arrendaticia.
Respecto al aumento del parque público, el vicepresidente ha comentado que España parte de muy atrás respecto a los países europeos de referencia. Por eso, “llevamos más de tres años trabajando intensamente en la adquisición de viviendas por parte de la administración usando todas las vías posibles, así como la promoción de nuevas edificaciones o la rehabilitación de las existentes”.
Por último, Illueca ha destacado que este convenio plantee la puesta a disposición de las comunidades autónomas de las viviendas de la Sareb para su alquiler como vivienda asequible o social. “Nos parece un paso adelante en la línea que nuestra Conselleria lleva meses trabajando. Si los activos de la Sareb son públicos, público ha de ser su uso y tienen que estar en manos de las autonomías, que son las que tienen las competencias”.
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