Con “escepticismo y cautela”, así acoge LACOOOP la que será la primera y futura Ley estatal en materia de Vivienda y que tiene previsto aprobar mañana el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2021. A falta de iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso, el proyecto de ley recoge conceptos clave para el sector como la regulación del precio del alquiler, la fiscalidad, el parque público de viviendas o las ayudas a los jóvenes.
Sin embargo, para el buscador especializado en cooperativas de vivienda y obra nueva ‘lamadredelascooperativas (LACOOOP), la normativa no incluye algunas de las principales reivindicaciones que viene haciendo el sector inmobiliario desde hace tiempo, como la creación de una legislación estatal exclusiva para las cooperativas de viviendas, la reducción del IVA, agilizar los trámites burocráticos para la concesión de licencias o ajustar el precio de los módulos a la realidad del mercado.
“Consideramos que es necesario que exista una Ley estatal de Vivienda que siente las bases para regular un bien tan necesario para la sociedad, pero nos resulta extraño que haya tardado tanto en aprobarse, y que además no se haga de forma consensuada con el resto de comunidades. En líneas generales, la recibimos con cautela, y siempre y cuando, además, las medidas vayan acompañadas por otras adicionales que neutralicen los efectos negativos que pueda provocar en determinados sectores como el de la inversión o el de la construcción de vivienda protegida”, afirma Augusto Abril, socio fundador de LACOOOP.
Tal y como explica Abril, “el incremento del IBI puede provocar una espantada de inversores, y en el segundo caso, debido a que los actuales módulos están obsoletos, puede provocar en la mayoría de los casos que sea inviable construir vivienda protegida ya que resulta más caro construir que venderla”.
Medidas insuficientes
‘lamadredelascooperativas’ califica además el texto de “insuficiente” y “lamenta” que las principales reivindicaciones no hayan sido aún escuchadas de forma oficial a través de una normativa que dé solución a la problemática que se encuentra el sector inmobiliario en el día a día.
“En la actualidad, las cooperativas de viviendas están reguladas por una ley general de cooperativas, donde se regulan todas, independientemente de su tipología: de trabajo, de consumidores y usuarios, agrarias, del mar, de transportistas, de seguros, de crédito… En concreto, la actual ley solo dedica cuatro artículos en exclusiva a las cooperativas de vivienda, lo que obviamente resulta insuficiente, carente de sentido y poco práctico”, explica Augusto Abril.
Otra de las propuestas es reservar el 30% de todas las promociones para vivienda protegida y el 15% para alquiler social. Una medida recibida de manera positiva por LACOOOP, pero “poco viable” si se tiene en cuenta los actuales precios de venta estipulados en los módulos, los precios de los suelos y los costes de construcción al alza.
“Por poner un ejemplo, en la mayoría de los casos en la Comunidad de Madrid, solo el precio del suelo y de construcción de vivienda protegida es superior a su precio de venta estipulado en los módulos. Si realmente se quiere construir vivienda protegida, tienen que hacerse las modificaciones necesarias para que sea viable para promotores, gestoras y constructores, agentes indispensables para crear un parque de vivienda protegida en condiciones que llegue al ciudadano de a pie”, afirma el socio fundador de LACOOOP.
Sanciones al promotor
Por último, otra de las medidas que incluye la futura normativa es que los promotores tendrán que indemnizar a los clientes en el caso de que se retrasen las obras. Una medida “injusta” en opinión de ‘lamadredelascooperativas’ por varios motivos: “El principal es que todos estos temas se regulan de forma contractual, es decir, las partes establecen las pautas del plazo, prórrogas y sanciones; por otra parte, es injusto abordar este tema sin considerar ajustes en la propia Administración. Gran parte de los retrasos en la entrega se producen por la demora en la concesión de las licencias por parte de los Ayuntamientos, lo que conlleva a un perjuicio económico para el promotor o para el socio al ver cómo el precio de las materias primas ya no es el mismo una vez concedidas las licencias oportunas”, concluye LACOOOP.
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