El Consejo de Ministros ha autorizado la transmisión de activos inmobiliarios de Sareb a SEPES, la Entidad Estatal de Suelo, con el objetivo de destinarlos al alquiler asequible. La operación incluye 40.000 viviendas ya existentes y cerca de 2.400 suelos urbanizables con capacidad estimada para 55.000 nuevas viviendas.
Según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la nueva empresa estatal de vivienda —que se articula a partir de SEPES— será la encargada de gestionar estos activos en coordinación con otras entidades públicas de ámbito autonómico y local. Los inmuebles se irán incorporando de manera progresiva, conforme estén disponibles para su uso residencial.
La ministra Isabel Rodríguez ha explicado que el traspaso de estos activos tiene como finalidad dar un nuevo uso a las viviendas que, tras la crisis financiera de 2008, pasaron a manos de Sareb como parte del proceso de reestructuración bancaria. El objetivo es facilitar el acceso a vivienda en régimen de alquiler a través de mecanismos públicos de gestión.
La selección de los activos se ha realizado aplicando criterios de viabilidad económica, técnica y jurídica. En el caso de las viviendas, se han priorizado aquellas ubicadas en municipios con más de 5.000 habitantes o con crecimiento poblacional superior al 5 % en la última década, así como las que cumplen condiciones mínimas de superficie útil y valoración catastral. También se han incluido aquellas con contrato de alquiler social en vigor.
Respecto a los suelos, los criterios contemplan su ubicación en municipios con más de 5.000 habitantes, su potencial para acoger promociones de al menos 30 viviendas y su inscripción registral a nombre de Sareb en un porcentaje igual o superior al 80 %. También deben contar con una superficie mínima de 150 m² y una calificación urbanística que permita uso residencial colectivo.
La medida se enmarca en una estrategia más amplia para ampliar la oferta pública de vivienda en alquiler. En paralelo, el Ministerio ha iniciado la movilización de recursos vinculados al acuerdo firmado con el Ministerio de Defensa en mayo de 2023. Este acuerdo permite destinar cerca de 600 millones de euros a la promoción de vivienda asequible sobre suelos de titularidad estatal, con prioridad para aquellos con disponibilidad inmediata.
Según el comunicado oficial, el 35 % de los solares ofrecidos por Defensa ya ha sido adquirido, y se están negociando cuatro nuevas incorporaciones. Los fondos permitirán tanto el desarrollo urbanístico como la adecuación de inmuebles procedentes de Patrimonio y la adquisición de nuevos activos con este mismo fin.
Con esta decisión, el Ejecutivo avanza en la conformación de un parque público de vivienda en alquiler, gestionado a través de SEPES y alimentado con activos inmobiliarios de origen estatal o provenientes de procesos de reestructuración anteriores.
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