Durante la segunda jornada de REBUILD 2026, la mayor feria de construcción industrializada de Europa, que se está celebrando esta semana en IFEMA Madrid, se ha producido un intenso debate sobre la situación del mercado de la vivienda en España. En este sentido, consejeros, viceconsejeros y secretarios generales de vivienda de diferentes ejecutivos autonómicos se han pronunciado sobre la necesidad de encontrar soluciones efectivas ante la evidente escasez de oferta habitacional asequible. Desde la fiscalidad hasta las reservas de suelo, los altos cargos regionales han destacado las medidas adoptadas en sus respectivos territorios, pero también han revindicado la urgencia de aplicar reformas a nivel nacional.
Lidia López, secretaria general de Vivienda de la Junta de Extremadura, ha comenzado su intervención destacando la alta carga fiscal que soportan los proyectos de vivienda en España. «Los impuestos acumulados que paga una promoción desde la compra del suelo hasta la compra por parte del adquirente son un valor que considero excesivamente alto«, ha expresado López. También ha hecho un llamamiento a las administraciones, especialmente al Gobierno central, para que evalúen este panorama y reduzcan la presión fiscal sobre el sector, que, según ella, está incidiendo directamente en el precio final de los hogares.
José María García, viceconsejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado en total acuerdo con López. «Las sociedades más avanzadas del mundo son las que tienen la presión fiscal más baja y, sin embargo, prestan mejores servicios públicos. Lo que no puede suceder es que una cuarta parte del precio de una vivienda sean impuestos«, ha afirmado. García igualmente ha aprovechado para criticar la gestión fiscal en las administraciones, subrayando que el Estado tiene la capacidad de reducir estos impuestos, pero no lo está haciendo, lo que genera una «máquina recaudatoria» perjudicial para los compradores.
Por su parte, Jorge García, consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, ha agregado su perspectiva sobre el impacto fiscal, indicando que «un cuarto, incluso diría hasta un tercio, de la carga fiscal sobre un bien que ahora mismo es escaso, que es necesario y cumple una función social muy importante, debería revisarse de manera temporal”. García ha defendido que, aunque el nivel impositivo es un tema complejo, es esencial considerar una reducción durante algunos años para aliviar la presión sobre los compradores y fomentar la accesibilidad a la vivienda.
El debate ha dado un giro hacia la gestión autonómica cuando Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, ha intervenido para ofrecer un punto de vista propio de Euskadi. Itxaso ha señalado el sistema fiscal vasco, basado en el concierto económico, que le otorga autonomía fiscal. «En Euskadi tenemos una presión fiscal mayor que la del régimen común, prestamos buenos servicios, construimos vivienda, tenemos una economía pujante«, ha expresado. Y ha añadido que «en Euskadi hemos aplicado las zonas tensionadas, de acuerdo con los ayuntamientos, pactamos un recrecimiento de la oferta, y ojalá dentro de tres años hayan salido de ese tensionamiento«. Para Itxaso, la ley estatal de vivienda no está teniendo éxito ya que “la mayoría de las comunidades autónomas no la están implantando«, ha comentado.
Paralelamente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, ha llevado sobre la mesa el tema de la gestión del suelo. «La reserva de suelo no garantiza que se construya, para garantizar que se edifique, hay que ayudar al promotor«, ha señalado, reconociendo que el Gobierno de España debe acometer modificaciones importantes en la legislación urbanística. Suárez-Quiñones también se posicionando en contra de la limitación de precios en las zonas tensionadas, advirtiendo que estas medidas provocan la desaparición de la oferta de alquiler a largo plazo.
Finalmente, Sebastián Fernández, secretario Autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, ha intervenido para destacar la situación en su Comunidad. Fernández ha admitido que la Comunidad Valenciana había sufrido un parón en la producción de vivienda durante varios años, pero ahora está tomando medidas para corregir la situación. «En la Comunitat Valenciana estamos reduciendo el ITP, hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, lo que facilita que los jóvenes puedan acceder a la vivienda heredada«, ha afirmado. Además, ha detallado la puesta en marcha de programas como el Plan VIVE, cuyo objetivo es construir 10.000 viviendas protegidas durante la legislatura.
A lo largo de esta mesa redonda, los representantes autonómicos han coincidido en la necesidad de una acción más decidida tanto a nivel autonómico como nacional para resolver la crisis de vivienda. Sin embargo, los enfoques sobre cómo abordar la intervención estatal, las reservas de suelo y la fiscalidad han sido marcadamente diferentes. Las propuestas de colaboración público-privada y la optimización de la tramitación administrativa han sido algunos de los puntos en común entre los expertos. Este debate subraya la complejidad del panorama actual en el ámbito de la vivienda y la necesidad urgente de reformas legislativas para garantizar un acceso más asequible a un hogar en España.
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