La Generalitat Valenciana ha reforzado su estrategia de vivienda con la firma del Acuerdo por la Vivienda, en el marco del Plan VIVE Comunitat Valenciana, un programa que busca ampliar el parque de vivienda protegida y fomentar el acceso a la vivienda asequible mediante modelos de colaboración público-privada y fórmulas cooperativas.
El acto, celebrado ayer en Valencia, contó con la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien destacó que en los dos primeros años de legislatura ya se han licitado, adjudicado o iniciado las obras de más de 4.000 viviendas de protección pública en toda la Comunitat Valenciana. De ellas, 627 corresponden a promociones directas de la Generalitat y más de 3.000 se están desarrollando a través de iniciativas mixtas entre el sector público y privado.
Mazón adelantó además que antes de finalizar el año se pondrán en marcha 1.000 nuevas viviendas, lo que permitirá alcanzar un total de 5.000 unidades activadas, con una inversión estimada superior a 1.000 millones de euros. Según el jefe del Consell, estas actuaciones beneficiarán a más de 15.000 personas y evidencian el compromiso del Gobierno valenciano con la ampliación del parque de vivienda asequible.
En el acto de firma participaron las principales entidades vinculadas al ámbito de la vivienda, entre ellas la Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la Comunitat Valenciana (FECOVI), miembro de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI).
Durante su intervención, Mazón señaló que el acuerdo constituye “una estrategia compartida para dar un nuevo impulso a la política de vivienda, reforzando la coordinación entre administraciones, entidades locales y agentes del sector”. Asimismo, anunció la aprobación, prevista para 2026, de un nuevo decreto que regulará la gestión y el acceso al parque público de vivienda, con el objetivo de mejorar su eficiencia, garantizar su sostenibilidad y adaptar su funcionamiento a las nuevas realidades habitacionales.
El president también avanzó la creación del distintivo VIVE, un reconocimiento destinado a las empresas públicas y privadas que apuesten por la promoción de vivienda de protección pública en la Comunitat Valenciana. Este sello se enmarca en la estrategia del Consell de fomentar la implicación del sector privado en el desarrollo de vivienda asequible y en la regeneración urbana.
Mazón destacó que el Plan VIVE tiene como meta la construcción de 10.000 viviendas protegidas —tanto de promoción pública como privada— y que 317 municipios ya se han adherido al programa, que cuenta con 206 solares públicos en fase de estudio o desarrollo. Además, la modificación del decreto de vivienda de protección pública ha permitido movilizar la iniciativa privada, con la solicitud de 1.200 calificaciones en lo que va de año.
El presidente autonómico también se refirió a la importancia de ofrecer seguridad jurídica y estabilidad normativa para facilitar la inversión y fomentar la promoción de vivienda protegida. En este sentido, defendió una regulación “coherente y predecible” que permita agilizar la tramitación urbanística, combatir la ocupación ilegal y estimular el mercado del alquiler asequible.
Entre las medidas complementarias, el Consell trabaja en una reducción de la fiscalidad sobre la vivienda, con iniciativas como la rebaja lineal del 10% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y la continuidad de los avales a jóvenes para la compra de primera vivienda, de los que ya se han beneficiado 1.400 personas.
El Plan VIVE también contempla actuaciones de industrialización y modernización del sector de la construcción, así como el desarrollo de una planificación territorial sostenible que permita ampliar el suelo disponible para vivienda protegida. En este marco, Mazón mencionó la Ley 2/2025, que introduce medidas urbanísticas para facilitar la reconstrucción tras la DANA y flexibiliza los parámetros para promover vivienda en municipios afectados.
En palabras de Mazón, las actuaciones puestas en marcha “revierten la situación crítica de 2023, cuando la oferta de vivienda asequible era insuficiente y faltaban recursos e incentivos”. En el periodo 2023-2025, el Consell ha movilizado más de 220 millones de euros, atendiendo a 44.500 personas y colaborando con más de 150 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.
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