La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado en la Real Casa de Correos el Plan de Choque de Vivienda 2026-2027, una estrategia que incluye 15 medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda asequible en la región. El plan prevé la creación de más de 15.000 hogares protegidos en los próximos cuatro años y se apoya en una nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, que busca reducir costes de construcción, facilitar el acceso a la vivienda y optimizar el uso del suelo.
Entre las principales medidas se contempla incrementar en un 20% la densidad y en un 10% la edificabilidad, lo que permitirá construir un mayor número de viviendas por parcela sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. De esta manera, se pretende acelerar los procesos administrativos y aumentar la producción residencial sin consumir más suelo.
El plan también habilita la construcción de vivienda protegida en suelo dotacional privado y amplía la posibilidad de transformar edificios de oficinas y hospedaje en uso residencial, una línea que ya ha generado más de 3.600 solicitudes de licencia en toda la región. Asimismo, se modifica la normativa para permitir una única plaza de garaje por vivienda, con el fin de abaratar los costes de ejecución de los proyectos.
Díaz Ayuso destacó durante la presentación que la política de vivienda “no debe abordarse desde el sectarismo ni la ceguera, sino con las personas que conocen los problemas y pueden ofrecer soluciones útiles”. En este sentido, subrayó que el objetivo del plan es “movilizar suelo, agilizar trámites y ofrecer seguridad jurídica a los inversores y promotores que contribuyen al desarrollo del parque residencial madrileño”.
El Plan Vive, programa de colaboración público-privada impulsado por la Comunidad, ampliará su capacidad hasta 14.000 viviendas distribuidas en más de una veintena de municipios. A su vez, el Plan Vive Solución Joven incorporará 1.000 nuevos hogares en Madrid, Alcalá de Henares y Villanueva de la Cañada, alcanzando un total de 5.500 viviendas destinadas a menores de 35 años. Según los datos del Gobierno regional, la Comunidad concentra actualmente el 53% de la vivienda protegida en construcción en España, consolidando su liderazgo nacional en este segmento.
En paralelo, se creará una nueva Dirección General de Ayudas y Acceso a la Vivienda, adscrita a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, con el fin de mejorar la atención al ciudadano, agilizar trámites y facilitar el acceso a los distintos programas de apoyo a la vivienda.
El plan contempla también la ampliación del programa Mi Primera Vivienda, una línea de avales dotada con 25 millones de euros destinada a jóvenes y familias solventes que no disponen del ahorro necesario para la entrada hipotecaria. La medida eleva hasta 50 años el límite de edad para acceder al programa y amplía su alcance a promociones de obra nueva, además de vivienda usada. Desde su puesta en marcha, ha permitido que más de 5.000 familias accedan a la compra de su primera vivienda sin necesidad de aportar el 20% inicial exigido por las entidades financieras.
En el ámbito urbanístico, la Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de la nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio, que llevará el nombre de LIDER (Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región). Esta norma pretende desbloquear proyectos, simplificar procedimientos y ofrecer mayor seguridad jurídica a administraciones locales, promotores e inversores.
Asimismo, se creará una Aceleradora Urbanística Regional para asistir a los ayuntamientos en la movilización de suelo y agilizar la concesión de licencias. La presidenta anunció también la constitución del primer consorcio urbanístico público-privado de vivienda, que se ubicará en Leganés y permitirá levantar 4.300 viviendas con distintos niveles de protección.
El Ejecutivo autonómico ha recordado que desde la aprobación de la Ley de Medidas Urbanísticas para la Promoción de Vivienda Protegida en julio de 2024, 170 de los 179 municipios madrileños han aplicado esta normativa, que permite la conversión de parcelas o edificios terciarios en vivienda protegida en régimen de alquiler sin modificar el planeamiento. Esta regulación ha abierto una vía para la entrada al mercado de 54.000 viviendas protegidas en la región, de las cuales 2.514 parcelas están ya registradas en el Portal del Suelo autonómico.
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