El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) han suscrito un convenio de colaboración orientado a facilitar el acceso al mercado laboral en el sector de la construcción. El acuerdo forma parte de una estrategia institucional para responder a las necesidades derivadas del despliegue de las políticas públicas de vivienda.
El convenio fue firmado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral de la Construcción, Pedro Fernández Alén. Al acto asistieron también el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y la subsecretaria del departamento, Llanos Castellanos.
Por parte de la FLC participaron el vicepresidente de la entidad y secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya; el vicepresidente y secretario general de CCOO del Hábitat, Daniel Barragán; y el director de la Fundación Laboral de la Construcción, Julio Gil.
El acuerdo se enmarca en la necesidad de dotar al sector de la construcción de los recursos humanos adecuados para ejecutar con eficacia los proyectos previstos en las políticas de vivienda promovidas por el Ministerio. La colaboración contempla actuaciones conjuntas que permitan mejorar la empleabilidad, la cualificación y la incorporación de nuevos perfiles profesionales al sector.
El Ministerio ha señalado que este tipo de alianzas buscan facilitar el cumplimiento de los objetivos en materia de vivienda mediante la coordinación con los agentes sociales y económicos del sector. La FLC, por su parte, ha destacado la importancia de articular medidas que permitan atender la demanda de profesionales en un contexto de creciente actividad constructiva.
Este convenio se suma a otras iniciativas impulsadas en los últimos años para reforzar la oferta laboral en sectores vinculados a la ejecución de infraestructuras y vivienda. Entre los ejes prioritarios del acuerdo se encuentran la formación, la orientación profesional y la adecuación de los perfiles a las necesidades actuales del mercado.
La puesta en marcha de este acuerdo podría contribuir a reducir las tensiones existentes en el mercado laboral de la construcción, así como a garantizar la ejecución de los planes de vivienda planteados por las administraciones públicas.
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