El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, por parte de sus titulares, Isabel Rodríguez y Carlos Cuerpo, suscribieron ayer los acuerdos por los que se movilizan 6.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la construcción de vivienda en régimen de alquiler asequible, y con lo que se espera poder construir hasta 43.000 viviendas. Estos 6.000 M€ se dividen en dos líneas de inversiones, en primer lugar, 4.000 M€ en préstamos para promotores públicos y privados, procedentes de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR); y, en segundo lugar, una línea dotada con 2.000 M€ que avalará hasta el 50% de estos préstamos, impulsada por el Gobierno de España y gestionada a través del ICO.
Los acuerdos fueron también ratificados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ismael Arroyo, y el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo.
El primero de los convenios firmados pone en marcha los 4.000 M€ en préstamos a promotores públicos y privados para proyectos dirigidos a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o precio asequible energéticamente eficiente vía obra nueva o rehabilitación, y que también incluye la financiación para la compra de suelo o del edificio.
El acuerdo firmado en la mañana de hoy contempla la financiación de operaciones desde el 1 de enero de 2022 que cumplan con las condiciones establecidas en el acceso al préstamo. Estos préstamos se tendrán que solicitar antes del 1 de junio de 2026 y formalizar antes del 31 de agosto de 2026.
Para el acceso a la financiación de los proyectos se establecen dos vías, en función de la demanda. Así, en un principio está previsto que el ICO movilice 2.000 M€ y las entidades financieras adheridas a la línea de préstamos movilizarían los 2.000 M€ restantes.
Las viviendas construidas a través de estos préstamos deberán ser destinadas al alquiler social o asequible, o cedidas para dicho uso, durante período mínimo de 50 años.
Los proyectos financiados han de cumplir con unos requisitos climáticos en los cuales los edificios construidos deben alcanzar un consumo de menos del 20% de energía primaria que el establecido para edificios de consumo de energía casi nulo según directrices las nacionales; y, los rehabilitados, deben reducir, al menos, un 30% de la energía primaria no renovable.
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