La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció ayer en la clausura de la Asamblea de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) que la próxima semana presentará al Consejo de Ministros el texto para modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, con el fin de que sea tramitada en las Cortes Generales. Esta modificación, largamente demandada desde diversos sectores, busca dotar de estabilidad y seguridad jurídica a la planificación urbanística, evitando la paralización de los planes cuando los errores sean subsanables.
Rodríguez espera contar con el respaldo de los grupos parlamentarios para activar este anteproyecto de ley, que quedó pendiente en la legislatura anterior, y destaca el consenso tanto institucional como político en el ámbito de las Cortes Generales.
La ministra ha señalado la importancia de la presente legislatura, marcada por la Ley de Vivienda, la primera en democracia, que establece la Acción del Estado en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana como un principio general. Esta ley establece los planes estatales en materia de vivienda y rehabilitación como el principal instrumento de actuación del Estado en esta área, incluyendo medidas de financiación, fiscalidad y regulatorias.
En cuanto a los fondos europeos, el Gobierno mantiene un compromiso financiero y presupuestario para abordar el problema de la vivienda, con el objetivo de reforzar y ampliar la oferta del parque de vivienda existente y trabajar por una vivienda asequible. La ministra ha hecho hincapié en la necesidad de implicar al sector privado en las políticas públicas de vivienda.
Por otra parte, Rodríguez ha mencionado la aprobación de la propuesta de distribución territorial de 430 millones de euros entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Este acuerdo, es sobre las inversiones 1 y 2 del PRTR en el marco del Componente 2 «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana», para los importes no transferidos en 2022 y 2023, así como el importe de esos 430 millones de euros correspondientes al presupuesto del ejercicio 2023.
Rehabilitación residencial y construcción de vivienda en alquiler
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) a los responsables autonómicos, de los 4.420 millones de euros asignados para la rehabilitación residencial y la construcción de vivienda en alquiler en el marco del Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han transferido las siguientes cantidades:
En los programas de rehabilitación residencial, destinados a viviendas, edificios y barrios, con un importe total de 3.420 millones de euros, se han transferido un total de 2.211 millones de euros. Por lo tanto, aún están pendientes de transferir: 329 millones de euros correspondientes a la anualidad 2022 y 430 millones de euros correspondientes a la anualidad 2023.
Además, quedarían pendientes los 450 millones de euros destinados a incentivos fiscales, de los cuales parte ya se ha utilizado debido a las diferentes declaraciones del IRPF presentadas.
Incentivos fiscales
Gracias a estos incentivos, que presupuesta y financia MIVAU, cualquier persona que realice una obra de rehabilitación en su vivienda, puede deducirse una parte de su coste en su siguiente declaración del IRPF. Es más, este tipo de subvenciones a la rehabilitación realizadas en el marco del Plan de Recuperación están exentas de tributación y no computan como ganancia patrimonial en el IRPF.
Edificios energéticamente eficientes
Respecto al programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, con una dotación de 1.000 millones de euros, MIVAU ya ha transferido 795 M€ (exactamente son 794,8 M€) millones de euros. Por tanto, quedan pendientes de transferir un total de 205 millones de euros.
Actuaciones comunicadas por las CCAA
En materia de rehabilitación residencial, tanto de viviendas, edificios y barrios o entornos residenciales, hay 289 actuaciones que, según han comunicado las CCAA, están ya en marcha.
Sobre la construcción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, los acuerdos suscritos se elevan a 204, con un número total de viviendas que supera el compromiso inicial de 20.000. En total hay suscritas 24.023 viviendas que deberán estar finalizadas y justificadas antes de junio de 2026.
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