El Consejo de Gobierno de Canarias, a solicitud de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, aprobó en la sesión de ayer el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda para hacer frente a la actual emergencia habitacional en el archipiélago.
Esta nueva legislación abarca dos conjuntos de iniciativas: una dirigida a aumentar la disponibilidad de terrenos y la utilización de edificaciones para vivienda, y otra centrada en promover y fomentar la construcción de viviendas protegidas.
El decreto, compuesto por treinta artículos y diversas disposiciones adicionales, transitorias y finales, aborda todos los aspectos relacionados con la oferta de vivienda: desde la disponibilidad de terrenos para construir, facilitando su transformación legal y física, hasta la posibilidad de utilizar construcciones y edificaciones existentes, incluidas aquellas sin terminar, para uso residencial. También contempla la adaptación de las normativas sobre viviendas protegidas para agilizar su construcción y puesta a disposición de los demandantes.
Además, establece una serie de directrices destinadas a simplificar los procedimientos administrativos, como la reducción del plazo de tramitación de seis a tres meses.
La Consejería ha elaborado esta propuesta en colaboración con los sectores involucrados durante los últimos meses, con el fin de obtener un documento consensuado que contemple políticas prácticas y directas para abordar este problema.
En este sentido, el decreto ley refuerza el compromiso del Gobierno de Canarias de hacer frente a la crisis habitacional en el archipiélago, que se ha agravado tanto por la crisis inmobiliaria de 2008 como por la pandemia de la COVID-19. Se suma a las medidas incluidas en el Plan de Choque aprobado por el Consejo de Gobierno a finales del año pasado para garantizar el acceso a la vivienda para todos los residentes de Canarias.
Optimización y recuperación de recursos
La normativa prioriza la construcción de vivienda protegida en terrenos urbanizados existentes para incrementar el parque público y reactivar construcciones y urbanizaciones inconclusas o abandonadas. Sin embargo, serán los municipios los encargados de determinar qué terrenos pueden destinarse a vivienda pública.
Se promoverá la compatibilidad de uso residencial y turístico en terrenos sin desarrollar, reservando un tercio de la edificabilidad para vivienda protegida. También se incentivará la recuperación de terrenos urbanizables residenciales ya previstos en instrumentos de ordenación no actualizados, destinando el cincuenta por ciento de la construcción a vivienda protegida de promoción privada.
El decreto también ajusta el Módulo Básico canario a la realidad del mercado y a las características de cada isla. En Gran Canaria y Tenerife se fija en 1.905,26 euros/metro cuadrado, mientras que en La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura se establece en 2.133,89 euros/metro cuadrado.
Por último, se amplía el acceso a las viviendas protegidas de régimen general a una mayor variedad de unidades familiares, incluyendo aquellas cuyos ingresos no superen cinco veces el IPREM (seis veces en casos excepcionales), lo que permite que también las clases medias puedan beneficiarse de estas medidas.
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