El Gobierno cerró el viernes pasado un acuerdo con ERC y Bildu sobre la Ley de Vivienda que, entre otras medidas, elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler y fija un tope a las subidas del alquiler del 3% en 2024 (que se une al 2% en 2023 ya aprobado), amplía la declaración de las llamadas zonas tensionadas y rebaja de 10 a 5 viviendas el límite para considerar al gran tenedor.
Tras más de dos años de tiras y aflojas entre los socios de la coalición, la tramitación en el Congreso de la norma será desbloqueada en las próximas semanas, después de un pacto entre la parte socialista del Ejecutivo y los socios de la investidura y que, según fuentes conocedoras a RNE, no ha sentado del todo bien a Podemos.
«Hemos alcanzado un acuerdo para aprobar una ley que por fin reconoce el derecho a la vivienda«, ha señalado el portavoz adjunto de Bildu en la Cámara Baja, Oskar Matute, quien ha celebrado que se hayan superado los principales escollos desde el inicio, como la regulación del precio del alquiler y la fijación de un tope para las subidas anuales. No obstante, ha señalado que les hubiese gustado ir «más allá» en algunos ámbitos y ha lamentado la «cerrazón» del Gobierno en este sentido.
Dada la cercanía con las elecciones municipales y autonómicas, y teniendo en cuenta el poco recorrido de la legislatura, en los últimos días la parte socialista del Gobierno ha intensificado los contactos. Este mismo jueves se implicaron los portavoces parlamentarios a varias bandas, pero con especial énfasis con dos de los principales socios de la investidura: ERC y Bildu. Así, y según fuentes conocedoras de la negociación, Podemos no habría estado en las últimas citas negociadoras, a pesar de haber sido uno de los impulsores de la ley durante toda la legislatura.
«Hoy celebramos el acuerdo del Gobierno con ERC y EH Bildu para aprobar la primera ley de vivienda de la Historia de nuestro país», ha señalado la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde ha calificado el anuncio como «una gran noticia» para «empezar a garantizar el derecho a la vivienda y poner coto a los especuladores».
Debate parlamentario
Pese a ello, fuentes de la formación morada aseguran a RNE que existe malestar en el seno de la formación, pues se sienten apartados en una ley que ha sido una de sus banderas y que ahora creen que les quieren arrebatar. Sobre esto, sin embargo, no ha querido pronunciarse Belarra en rueda de prensa: «Lo más importante es que por fin tenemos Ley de Vivienda en España«, ha señalado, al tiempo que ha reivindicado que su grupo ha estado presente en toda la negociación.
Cabe recordar que la Ley de Vivienda se debate en el seno del Gobierno desde 2021 y sus negociaciones han estado lideradas por el ministerio de Transportes, encabezado anteriormente por el socialista José Luis Ábalos y ahora por Raquel Sánchez, y el de Derechos Sociales, que dirige Belarra. No obstante, en las últimas semanas los roces entre ambas formaciones han ido en aumento: mientras desde el PSOE se aseguraba que la ley estaba casi lista, en Unidas Podemos siempre se han mantenido distantes y seguían emplazando a su socio de coalición a que diera un paso más allá en las medidas a acordar.
Dirigentes de Podemos apuntaron entonces a discrepancias con el Ministerio de Asuntos Económicos, dirigido por Nadia Calviño, que se desmarcó del preacuerdo alcanzado entre ERC, Bildu y Unidas Podemos para que la ley estableciera un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos, tal como señala Efe. Asimismo, la formación que dirige Ione Belarra había planteado regular los contratos de temporada para que la norma no tenga resquicios que puedan seguir provocando subidas abusivas en los alquileres.
Desde la parte socialista también han restado importancia a este asunto: «No es tanto cuál ha sido el procedimiento, sino que hayamos llegado a un acuerdo», ha dicho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha asegurado que trabajarán para agilizar la norma y que esté aprobada en el mes de mayo. «Hoy gana la política en mayúsculas, la política del diálogo, del consenso, la que hace posible blindar derechos. Me siento especialmente orgullosa porque va a tener ADN socialista», ha celebrado, por su parte, la titular de Transportes.
Mientras, para el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con esta norma los precios del alquiler en España «no bajarán», sino que a su juicio «seguirán subiendo» por la falta de oferta y las familias «seguirán al límite para poder llegar a fin de mes».
Nuevas medidas a la actualización de los contratos
Con todo, las partes han acordado que la subida de los alquileres se sitúe en el 2% en 2023 para elevarse hasta el 3% en 2024. A partir de entonces, la intención es que en este tiempo se elabore un nuevo índice específico «más estable e inferior a la evolución del IPC», según Matute, que será con el que se regulen las subidas a partir de los siguientes años. Se elimina, así, el IPC como índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler.
En cuanto a los grandes tenedores, el acuerdo incorpora cambios en su definición: las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus realidades, rebajar de 10 inmuebles (cifra establecida en un principio) a 5 el número de viviendas para su consideración. Y, respecto a las llamadas zonas tensionadas, la regulación de los precios se extenderá a todos los inmuebles (ya sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios y tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos).
Según el acuerdo, habrá también nuevas medidas de protección a los inquilinos. Entre otras, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario y se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente.
Por último, se prohibirán los desahucios sin fecha y hora predeterminada. Y, por primera vez, se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.
FUENTE: RTVE.
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