La Junta de Andalucía está preparando una medida que permita avalar el 15% del importe de las hipotecas a los jóvenes menores de 35 años, según ha informado Carolina España, consejera de Economía y Hacienda. Aunque la iniciativa se encuentra en fase de estudio, la consejera confirma que «está muy avanzado» y estima que pueda estar en marcha «en las próximas semanas o en el próximo mes de febrero«. El presupuesto para implementar la medida cuenta con 20 millones de euros de manera inicial, que pueden ser «ampliables«.
Se trata de una herramienta jurídica que habían solicitado hace meses desde Fadeco (Federación de Promotores de Andalucía), con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a la sociedad y especialmente a los más jóvenes. Carolina España ha declarado que este plan va encaminado hacia ese objetivo, con el aporte de un aval del 15% de la hipoteca a los más jóvenes que precisamente supone el importe que no facilitan las entidades bancarias para financiar la compra de una vivienda. Asimismo, la consejera ha adelantado que Juanma Moreno ofrecerá más detalles sobre la futura iniciativa cuando el estudio haya concluido.
La Junta escucha a los promotores
Los promotores andaluces celebran el anuncio de esta nueva medida, que llevaban meses reivindicando. Ignacio Peinado, Presidente de Fadeco Promotores, ha expresado que “se trata de un objetivo en el que creemos plenamente y al que, por responsabilidad social, estamos dedicando todos nuestros esfuerzos”.
En esa línea de acción, hace dos años los promotores presentaron un plan con propuestas a la Junta de Andalucía, referentes al “Help to Buy”, en concreto, la puesta en marcha de ayudas a la compra de la primera vivienda a los jóvenes. Para fundamentar los beneficios de la medida, acompañaron la petición con un informe elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, gracias a la colaboración de la Fundación Unicaja, que revelaba datos básicos referentes al comportamiento hipotecario y de fallidos en el pago de hipotecas en ese tramo de edad, que en el caso de los jóvenes se situaba por debajo del 3,3%, inferior al valor medio estimado del conjunto de créditos hipotecarios en España.
Además, se exponían otra serie de argumentos que respaldaban el escaso riesgo para la Administración, y el enorme beneficio, no solo social, sino incluso económico, que estas medidas podrían representar para la Junta de Andalucía, ya que, según los cálculos realizados por los promotores andaluces, en caso de impagos que obligaran a ejecutar el aval, el coste para la Administración Pública se situaría en un rango muy por debajo de los ingresos que se obtendrían vía impuestos por la compra de estas viviendas.
En sus análisis, los promotores computaban como posibles beneficiarios de la ayuda a más de 420.000 jóvenes en Andalucía que, contando con trabajo que les permitiera pagar la cuota hipotecaria, no podrían emanciparse por no contar con el ahorro necesario para la entrada de la vivienda. Lo que derivaba en una elevación de la edad de compra de la primera vivienda, que se sitúa en la actualidad por encima de los 38 años; y de la edad para tener hijos, que se sitúa por encima de los 32 años.
Según Peinado, si los avales al 15% recientemente anunciados por la Junta de Andalucía van a ver la luz como se está anunciando en las últimas horas, “puede ayudar a solventar el grave problema de acceso a la vivienda de los jóvenes, fomentando los procesos de emancipación, natalidad, autonomía y autoestima”. No obstante, el presidente de los promotores afirma que “en paralelo, habrá que seguir trabajando por poner en marcha otras medidas adicionales dirigidas a aquellos que opten por el alquiler, y también para facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, e incluso a muchas familias con rentas medias, para las que habrá que trabajar en el concepto de vivienda asequible, más allá de la vivienda social”.
Los promotores, han querido además poner el acento en la situación en la que se encontrarán estos jóvenes, cuando lleguen a la jubilación: “Una generación de un alto esfuerzo en alquiler, y por lo tanto sin capacidad de ahorro, con un sistema de pensiones con una viabilidad puesta en duda y teniendo que hacer frente a un alquiler. Es una situación dramática que debe ser abordada por el sector público y privado”, concluye Ignacio Peinado.
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