El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado la licitación para la concesión demanial de 14 parcelas municipales destinadas a la construcción de entre 1.256 y 1.414 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible. El procedimiento, publicado por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), permanecerá abierto hasta el 2 de enero de 2026 y se desarrolla en el marco del Plan de Vivienda y Suelo 2023-2027 y del Decreto-Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía, que habilita el uso de suelo dotacional para este tipo de promociones.
La licitación se organiza en tres lotes. El primero reúne cuatro parcelas situadas en las calles Massenet, Santa Matilde, Tanzania y en Camino de la Gamera, con una superficie conjunta de 13.377,33 m² y 19.349,44 m² de edificabilidad, que permitirán la construcción de entre 298 viviendas o 334 alojamientos. El segundo lote está compuesto por cinco parcelas ubicadas en la avenida Marcelino Camacho, la calle Ingeniero Agustín Escolano, la avenida Andrés García Maldonado y en las áreas SLE-4 y SLE-5 de Cortijo Merino. En total suman 21.919,10 m² de superficie y 42.231,86 m² edificables, con capacidad para entre 649 viviendas o 732 alojamientos. El tercer lote integra otras cinco parcelas, localizadas en las calles Ramos Martín, Editor Ángel Caffarena, Píndaro y Navarro Ledesma, con una superficie total de 12.899 m² y 20.159 m² edificables, donde podrán desarrollarse hasta 309 viviendas o 348 alojamientos.
Los proyectos deberán destinar el 60% de las viviendas o alojamientos a jóvenes menores de 35 años y el 40% restante a otros colectivos inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda. Las promociones incluirán viviendas de hasta 70 m² y alojamientos de 57,5 m², con espacios comunes que representen al menos el 15% de la superficie útil del edificio. El precio máximo de alquiler se fija en 10,0616 euros/m² útiles al mes, con un régimen rotacional de hasta siete años, salvo en el caso de personas mayores de 65 años.
El Ayuntamiento ha incorporado un incentivo económico dirigido a los adjudicatarios, consistente en una subvención de hasta 18.000 euros por vivienda o alojamiento protegido terminado, equivalente a 400 euros por metro cuadrado útil. El abono se realizará tras la certificación final de obra y será compatible únicamente con promociones que no reciban ayudas estatales o autonómicas para el mismo fin. Además, los adjudicatarios dispondrán de dos meses para presentar el proyecto básico y solicitar licencias, 30 meses para ejecutar las obras y tres meses adicionales para la entrega de las viviendas tras la finalización de los trabajos.
El proceso de adjudicación se resolverá mediante criterios técnicos y económicos, con una valoración máxima de 100 puntos. La propuesta económica podrá alcanzar hasta 60 puntos en función del compromiso de reducción del precio de renta respecto al máximo permitido, mientras que los 40 puntos restantes corresponderán a la valoración técnica del diseño, la eficiencia energética, la ejecución y la explotación de las promociones.
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