La Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV), que agrupa a las principales gestoras de cooperativas de viviendas en España, ha presentado a la Comunidad de Madrid un documento de propuestas con el objetivo de contribuir a la redacción del nuevo Reglamento de Viviendas con Protección Pública y a la futura Ley del Suelo y Ordenación del Territorio.
La asociación, con una amplia trayectoria en el desarrollo de vivienda cooperativa y protegida, considera que el actual contexto de dificultad en el acceso a la vivienda exige un enfoque coordinado entre administraciones y agentes del sector. Por ello, propone la creación de un Pacto Global sobre Vivienda, basado en el consenso político y la cooperación institucional, que permita establecer un marco común para impulsar la oferta de vivienda asequible en España.
Entre sus principales planteamientos, AGV destaca la necesidad de limitar el precio del suelo destinado a vivienda protegida, una medida que —según advierte— resulta imprescindible para garantizar la viabilidad económica de las promociones. Desde la liberalización del precio del suelo protegido en 2008, el encarecimiento del suelo ha dificultado el desarrollo de proyectos de vivienda a precio de módulo, afectando tanto a promotores como a cooperativas.
AGV propone que la Comunidad de Madrid recupere mecanismos de control que limiten la repercusión del valor del suelo sobre el precio final de las viviendas protegidas. De este modo, la flexibilización urbanística anunciada —como el incremento de edificabilidad— podría trasladarse al ciudadano y no quedar absorbida por la revalorización del suelo.
Otra de las líneas prioritarias de la asociación es la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación normativa. AGV propone unificar los criterios técnicos entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid y crear un sistema único de tramitación electrónica para licencias, calificaciones y autorizaciones de vivienda protegida. Esta herramienta permitiría reducir los plazos, evitar duplicidades y aportar seguridad jurídica a los promotores y cooperativas.
La organización solicita además que los plazos administrativos estén claramente definidos y que, en determinados supuestos, pueda aplicarse el silencio administrativo positivo para agilizar procedimientos. También reclama el refuerzo de los equipos técnicos municipales encargados de la tramitación de licencias, dada la creciente carga de trabajo en los departamentos de urbanismo.
En el ámbito económico y social, AGV propone incentivar el desarrollo de vivienda protegida mediante la colaboración público-privada. Plantea fórmulas como la cesión de derechos de superficie sobre suelo público, convenios con promotores y cooperativas o nuevas modalidades de gestión, como la vivienda en cesión de uso o la vivienda intergeneracional. La asociación también defiende la introducción de ayudas fiscales y financieras —rebajas temporales del IVA, avales a la entrada y estímulos a la financiación bancaria— para facilitar el acceso a la vivienda protegida y dinamizar el mercado.
Asimismo, AGV aboga por una reserva de suelo flexible para vivienda protegida, adaptada a la tipología de cada municipio, y acompañada de instrumentos de gestión que garanticen su efectividad. En este sentido, propone que el planeamiento urbanístico contemple incentivos a quienes superen los mínimos de vivienda protegida, como mayores aprovechamientos o reducciones de cargas urbanísticas, siempre que se asegure la viabilidad de los proyectos.
La asociación también solicita que la futura normativa incorpore mecanismos que favorezcan la adaptación de los usos urbanísticos a las nuevas formas de habitar, como el coliving o los modelos de vivienda cooperativa con espacios compartidos, evitando trámites largos de modificación del planeamiento.
Con este conjunto de medidas, AGV reitera su disposición a colaborar con las administraciones públicas para avanzar en la creación de vivienda asequible y en la promoción de políticas que hagan efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. “Las gestoras de cooperativas han sido históricamente un motor fundamental en la generación de vivienda asequible en España. Nuestro objetivo es seguir colaborando con la Administración para impulsar un modelo sostenible, accesible y socialmente equilibrado”, ha señalado Juan José Perucho, presidente de la AGV.
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